La organización Cambio de Ruta A.C. presentó este 8 de diciembre una solicitud formal para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interponga una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314, la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que crea delitos vinculados al uso de inteligencia artificial. El dato más urgente es que el plazo constitucional para que el organismo actúe vence el 18 de diciembre de 2025, por lo que la intervención debe ocurrir prácticamente de inmediato.
En su escrito, la agrupación señala que el decreto, vigente desde el 19 de noviembre, contiene “graves vicios de inconstitucionalidad”, pues utiliza conceptos vagos como “alarma pública”, “confianza pública” o “alterar la paz social”, lo que permitiría interpretaciones abiertas y sanciones arbitrarias. De acuerdo con la organización, esas imprecisiones violan el principio de legalidad y podrían convertirse en un mecanismo para inhibir e incluso criminalizar actividades esenciales para la vida democrática, entre ellas el periodismo de investigación, la crítica política, el activismo, la generación de contenido artístico y la documentación ciudadana de temas ambientales o de interés público.
Advierten también que la reforma impone penas desproporcionadas frente al bien jurídico que supuestamente protege y, además, obliga a las personas imputadas a demostrar “ausencia de dolo”, lo que invierte la carga de la prueba y contradice el principio de presunción de inocencia. Esto, afirma la organización, coloca a periodistas, activistas y creadores en un escenario de vulnerabilidad donde incluso sátiras, memes políticos o recreaciones periodísticas podrían interpretarse como conductas delictivas, pese a haber sido suavizadas algunas redacciones en el dictamen final.
La agrupación subraya que el decreto no cumple con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solo permite restricciones a la libertad de expresión cuando son claras, necesarias y estrictamente proporcionales en una sociedad democrática. Según su análisis, la reforma aprobada no satisface ninguno de estos requisitos.
Además, Cambio de Ruta sostiene que tiene interés legítimo para solicitar la intervención del organismo nacional debido a que su trabajo cotidiano incluye supervisión ciudadana de actos de autoridad, documentación de violaciones a derechos humanos, investigación periodística y creación artística, actividades que quedarían expuestas a posibles procesos penales bajo esta nueva normativa.
Por ello, piden que la CNDH interponga la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal, que informe públicamente su decisión debido al impacto nacional del tema y que establezca coordinación con comisiones estatales, universidades y especialistas para fortalecer el análisis jurídico. La organización remarca que el tiempo se agota: el decreto ya está en vigor y solo quedan unos días para impedir que una norma considerada riesgosa para las libertades fundamentales permanezca sin control constitucional.