La organización civil Cambio de Ruta, A.C. alertó sobre el Decreto 0314, la reforma aprobada por el Congreso de San Luis Potosí que tipifica delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial (IA), al solicitar formalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El decreto impulsado por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés fue publicado el 18 de noviembre de 2025 y entró en vigor al día siguiente. Con el plazo legal corriendo y venciendo el 18 de diciembre, la solicitud se realizó con carácter urgente.
Cambio de Ruta advirtió que la nueva tipificación penal incluye términos ambiguos como “alarma pública”, “alterar la paz social”, “confianza pública” o “riesgo verificable”, expresiones que permitirían interpretaciones arbitrarias por parte de autoridades, violando el principio constitucional de taxatividad.
La organización sostuvo que estos conceptos podrían abrir la puerta a que se persiga penalmente al periodismo de investigación, la crítica política, parodia y sátira, documentación de abusos de autoridad, activismo ambiental y de derechos humanos. Incluso memes, recreaciones periodísticas y obras artísticas que usen herramientas digitales podrían quedar bajo sospecha criminal. Además, señalaron que la norma invierte la carga probatoria exigiendo acreditar la “ausencia de dolo”, lo cual atenta contra la presunción de inocencia.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, confirmó que el organismo ya analiza la posibilidad de presentar la acción de inconstitucionalidad y que han recibido observaciones de especialistas y defensores de derechos humanos. “Estamos en tiempo… es parte del análisis”, declaró, al recordar que el organismo autónomo tiene 30 días naturales para decidir si lleva el caso ante la Suprema Corte.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido que la ley no distingue claramente las motivaciones detrás de una expresión para definir si es dolosa o no, dejando un “margen peligroso” para interpretaciones discrecionales que podrían censurar críticas al poder o contenidos incómodos.
Cambio de Ruta recordó que sus actividades —documentación de violaciones de derechos humanos, investigación, supervisión ciudadana, creación artística y monitoreo ambiental— quedarían en riesgo con esta reforma penal.