A pocos días de los históricos comicios judiciales del 1 de junio, varias candidaturas han despertado serias dudas sobre la idoneidad de los aspirantes. Entre ellas destacan perfiles con antecedentes penales, vínculos con el crimen organizado y sanciones por corrupción.
Uno de los casos más controversiales es el de Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en Durango, quien estuvo casi seis años en prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Aunque reconoció su pasado en redes sociales, afirma que “ya saldó su deuda con la justicia”.
También figura Francisco Hernández, en Jalisco, exmagistrado destituido tras investigaciones por abuso sexual y corrupción. Él niega las acusaciones y asegura que es víctima de difamación.
En Nuevo León, Fernando Escamilla, abogado con experiencia en casos de extradición, ha asesorado jurídicamente a miembros del cártel de Los Zetas. Mientras tanto, en Chihuahua, Silvia Delgado, exdefensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora busca convertirse en jueza penal. “No soy corrupta. Hice mi trabajo”, aseguró en un acto público.
Organizaciones como Defensorxs han identificado al menos 20 candidaturas con antecedentes penales, acusaciones graves o presuntos vínculos con el crimen organizado. El Observatorio Judicial Electoral, por su parte, alertó que más de 130 aspirantes no tienen competencia real, lo que les garantizaría un puesto sin necesidad de votación efectiva.
La polémica pone en entredicho la transparencia y legitimidad de un proceso inédito en la historia del país.