El proceso por la tragedia del antro Rich dio un paso importante esta semana. Durante las audiencias del martes 13 y jueves 15 de enero de 2026, el juez de control rechazó todas las solicitudes de la defensa de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N., por lo que seguirán en prisión y el caso avanzará a la audiencia intermedia el viernes 23 de enero a las 10:00 horas.
El caso se deriva del accidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en Plaza Alttus, cuando un barandal colapsó dentro del antro Rich y dos jóvenes murieron y más de diez resultaron heridos. Investigaciones han señalado que el lugar operaba con irregularidades y sin cumplir con medidas de seguridad.
El martes 13, la defensa pidió una salida alterna y un juicio abreviado con reparación del daño, pero el juez la negó.
El jueves 15 se realizaron dos audiencias:
En la primera, la defensa de Nancy N. pidió que se cerrara el caso (sobreseimiento), pero el juez también lo rechazó.
En la segunda, los tres imputados solicitaron cambiar la prisión preventiva por arraigo domiciliario con brazalete electrónico. El juez volvió a decir que no, porque no presentaron garantías suficientes sobre el funcionamiento y seguridad del dispositivo.
Con estas decisiones, el proceso continúa y ahora se definirá qué pruebas se presentarán en el juicio.
Después de las audiencias, Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes fallecidos, dijo que le preocupa la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues considera que ha avanzado muy lento. Recordó que la ley da dos años para fincar responsabilidades contra funcionarios públicos, y teme que ese plazo se agote sin que se investigue a fondo a autoridades municipales y estatales, así como a los propietarios de la plaza.
Infante aseguró que existen documentos de la Contraloría Municipal y del Gobierno del Estado que muestran irregularidades en la operación del antro Rich.
También señaló que, según él, la Secretaría General de Gobierno podría estar obstaculizando el avance del proceso, aunque ya se han presentado solicitudes para proceder legalmente contra funcionarios responsables.
“Vamos a seguir adelante, pero es urgente que la Fiscalía actúe antes de que el tiempo se acabe”, dijo.
El siguiente paso será la audiencia intermedia el 23 de enero, donde el juez y las partes definirán las pruebas que se presentarán en el juicio.
Mientras tanto, las familias de las víctimas insisten en que la justicia no debe quedarse solo en los tres imputados, sino alcanzar también a los funcionarios que permitieron que el antro operara en condiciones de riesgo.
