El caso Rich volvió a sacudir el escenario judicial potosino. La Contraloría General del Estado confirmó que concluyó su investigación interna sobre el colapso del antro ocurrido el 7 de junio de 2024 y que ya remitió el expediente completo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), responsable de decidir si hubo o no responsabilidades administrativas entre los servidores públicos implicados.
El contralor Sergio Arturo Aguiñaga Martínez detalló que la investigación identificó a tres funcionarios estatales como presuntos responsables por omisiones y propuso inhabilitarlos 10 años, aunque el TEJA tendrá la última palabra. Pese a esto, los funcionarios continúan trabajando porque la ley les garantiza permanecer en sus cargos hasta que exista una resolución firme.
Aguiñaga también aclaró que la versión pública del expediente —obtenida vía amparo por el padre de una de las víctimas— ya fue entregada, pero directamente al juzgado, como marca el procedimiento legal. Además negó que exista alguna multa por retrasos en la información.
Mientras el expediente administrativo avanza en el TEJA, la audiencia intermedia del proceso penal se convirtió en un torbellino. Dos jóvenes víctimas decidieron salir del proceso mediante acuerdos reparatorios: Renata N. recibió 250 mil pesos y Andrea N. obtuvo 150 mil pesos. Con ello otorgaron el perdón a los imputados Francisco N., Nancy N. y Ulises N., y quedaron fuera de la causa penal.
El resto de las víctimas —entre lesionados graves y familiares de los fallecidos— permanecen en el juicio. Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes muertos, lamentó que la salida de ambas jóvenes “fragmenta el camino”, aunque respeta su decisión.
Los abogados defensores de Nancy N. y Ulises N. abandonaron la sala en plena sesión, luego de que el juez rechazara varias de sus solicitudes. El tribunal calificó la acción como un acto de rebeldía, imponiendo una sanción de 50 UMAs y una amonestación. Su salida dejó a los imputados sin representación, lo que obligó a asignar un abogado de oficio y suspender la audiencia hasta el martes 25.
Infante Guerrero recordó que varios jóvenes aún enfrentan daños permanentes y que algunos no tienen todavía una “fe de sanidad” que garantice que no enfrentarán nuevas cirugías o complicaciones. Relató el caso de un futbolista del Atlético de San Luis cuyo sueño profesional quedó truncado tras el accidente: “Su vida cambió para siempre; ya solo juega de manera recreativa.”
Sobre el expediente administrativo, Infante advirtió que las familias revisarán si realmente incluye a los funcionarios de Comercio Municipal, Protección Civil, Gobernación y la COEPRIS, pues temen que haya exclusiones o encubrimientos. “La ley no debe aplicarse solo a Nancy, Ulises y Francisco. También deben responder los funcionarios que permitieron que ese lugar operara así. La impunidad no es opción.”
El padre insistió en que la lucha continúa pese al desgaste, los retrasos y la ruptura de la defensa: “Ya perdí lo más querido en mi vida. No me van a intimidar. Cualquier padre haría lo mismo.”
Te recomendamos leer https://www.crmnoticias.com.mx/preparan-jornada-por-la-discapacidad-en-slp-misa-exposicion-de-arte-y-caminata-este-30-de-noviembre/