Con 17 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional para modificar las reglas con las que se elegirá a la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). La reforma, impulsada por la diputada del PT Leticia Vázquez Hernández, modifica el artículo 122 Bis de la Constitución estatal y elimina la referencia que obligaba a que quien aspirara a encabezar la Fiscalía cumpliera los mismos requisitos establecidos para una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En términos jurídicos, el cambio busca crear un régimen propio para la Fiscalía y darle mayor autonomía normativa. Sin embargo, el proceso legislativo dejó un punto político que difícilmente pasa desapercibido: en apenas cuatro días cambió el contenido del dictamen respecto a la permanencia de la actual fiscal, María Manuela García Cázares.

Del blindaje a la incertidumbre en cuatro días

El 6 de agosto, el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria incluía un artículo transitorio que protegía expresamente la permanencia de García Cázares hasta concluir el periodo para el que fue designada. El texto señalaba que la fiscal continuaría en el cargo y que las nuevas condiciones de elegibilidad no podrían aplicársele de manera retroactiva ni afectar sus derechos adquiridos.

Pero en la versión modificada y aprobada el 10 de agosto, ese transitorio fue eliminado.
Es decir, el documento que inicialmente garantizaba la continuidad de la fiscal cambió antes de llegar a la votación definitiva del Pleno. El hecho resulta particularmente relevante porque García Cázares fue designada para un periodo de siete años, por lo que su encargo concluye en mayo de 2031.

La eliminación del transitorio no significa automáticamente que la fiscal pueda ser removida de inmediato, pero sí elimina de la reforma la garantía expresa que había sido incorporada para proteger su permanencia. Ahí está el punto que encendió la discusión política.

¿Reforma técnica o movimiento político?

El argumento oficial del Congreso es que la reforma responde a una necesidad jurídica provocada por los cambios al sistema judicial. La Constitución local establecía que la persona titular de la Fiscalía debía reunir los requisitos previstos para una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia. Después de la reforma judicial, mantener esa referencia podía generar inconsistencias, pues las reglas para las magistraturas cambiaron sustancialmente.

Por ello, ahora los requisitos de quien aspire a encabezar la Fiscalía quedan establecidos directamente en el artículo 122 Bis.

Entre las nuevas condiciones se encuentran:
Ser mexicana o mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Tener al menos 35 años.
Contar con título y cédula profesional de Derecho con una antigüedad mínima de cinco años.
Haber residido en San Luis Potosí durante los dos años previos a la designación.
Acreditar al menos cinco años de trayectoria profesional en áreas jurídicas.
No tener sentencias firmes por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos contra la libertad y seguridad sexual.
No estar inscrito como deudor alimentario moroso.
No haber recibido una sanción firme por faltas administrativas graves.
No estar inhabilitado como servidor público.
No haber sido gobernador, diputado local o presidente municipal durante el año previo a la designación.
No haber ocupado la dirigencia de un partido político durante los tres años anteriores

La reforma también establece que quien ocupe la Fiscalía tendrá un periodo de siete años, sin posibilidad de reelección.

La contradicción que dejó el proceso

El problema político no está únicamente en el contenido de los nuevos requisitos, sino en la velocidad y los cambios que sufrió el dictamen.

En su primera versión, el Congreso incorporó expresamente una protección para García Cázares. Cuatro días después, esa protección desapareció.
Y aunque la fiscal cumple con los requisitos establecidos por la nueva reforma, la eliminación del transitorio deja de plasmar de manera expresa que las modificaciones no podrán afectar su actual encargo.

Durante la discusión, el diputado de Morena Emilio Rosas Montiel manifestó su rechazo al dictamen y cuestionó el proceso legislativo. La oposición también puso sobre la mesa la rapidez con la que se procesó una modificación constitucional que impacta directamente en una de las instituciones centrales del sistema de justicia estatal.

El Congreso dice autonomía; el cambio genera sospechas

Desde la explicación institucional, el Congreso sostiene que la modificación fortalece la autonomía normativa de la Fiscalía y evita que sus requisitos dependan de las reglas que se establezcan para las magistraturas.

El argumento jurídico tiene lógica: si la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, sus requisitos deberían estar claramente definidos en su propio marco constitucional y no depender de futuras modificaciones al Poder Judicial. Pero el problema es que la reforma llegó acompañada de un cambio concreto sobre la fiscal que actualmente ocupa el cargo.

Primero se estableció una garantía para que García Cázares concluyera su periodo. Después, esa garantía desapareció. Por eso, más allá del discurso técnico, queda una pregunta política inevitable: ¿El Congreso simplemente corrigió una inconsistencia constitucional o dejó deliberadamente abierta la puerta para que en el futuro pueda discutirse la salida anticipada de la fiscal?

La respuesta no está todavía en la reforma por sí sola. Lo que sí está documentado es el cambio entre las versiones del 6 y el 10 de agosto y que la protección expresa de la permanencia de García Cázares terminó fuera del texto aprobado. Ahora el debate ya no es solamente sobre cómo se elegirá al próximo fiscal. También es sobre por qué, en cuestión de cuatro días, el Congreso pasó de garantizar la permanencia de la actual titular de la Fiscalía a retirar esa garantía.

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Una publicación de la regidora del Partido Verde en el Ayuntamiento de Rioverde, Rosa Ma. Huerta, provocó críticas en redes sociales tras expresar públicamente su respaldo a la diputada Leticia Vázquez, en medio de la indignación que existe por el caso de Lizbeth Sarai Castro González, joven de 22 años que murió en un accidente vial y cuyo caso ha generado protestas y exigencias de justicia en Cerritos.

La regidora publicó en sus redes sociales un mensaje en el que calificó de “argüendera y mitotera” a la gente que cuestionaba a la legisladora y aseguró que tanto ella como su equipo respaldaban a Vázquez. Entre otras expresiones, la publicación señalaba: “GENTE ARGUENDERA Y MITOTERA, ESTAMOS CONTIGO AMIGA LETICIA VAZQUEZ ASI DE COCHINA ES LA POLÍTICA…”

La regidora también lanzó críticas contra quienes cuestionaban públicamente a la diputada y afirmó que, según ella, no se atrevían a decírselo “en la cara”. El mensaje concluyó: “BENDICIONES AMIGA TIENES MI APOYO Y EL DE MI EQUIPO”.

Usuarios de redes sociales, reprocharon a la regidora lo que consideraron falta de empatía ante el reclamo de justicia de la familia de Liz y cuestionaron que una integrante de un Ayuntamiento decidiera asumir una postura pública de respaldo político mientras el caso continúa generando indignación. Ante la reacción de los internautas, Rosa Ma. Huerta eliminó la publicación pocos minutos después. Sin embargo, la publicación ya había sido capturada por ciudadanos.

La polémica ocurre mientras familiares y ciudadanos de Cerritos mantienen movilizaciones para exigir que se esclarezca la muerte de Lizbeth Castro y se determine, conforme a la investigación correspondiente, quién tiene responsabilidad en el accidente.

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“El bosque no se vende, se cuida y se defiende”, advierten vecinos que ahora exigen declarar el predio como Área Natural Protegida.

La batalla por Puerta de Piedra ya no es un simple pleito entre vecinos y Ayuntamiento. Con tres juicios de amparo vigentes y suspensiones judiciales, la comunidad ahora va por un objetivo mayor: blindar legalmente el área verde y convertirla en Área Natural Protegida. El Colectivo Ciudadano Bosque Urbano Puerta de Piedra arremetió contra las recientes declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos y rechazó que el Ayuntamiento haya desistido voluntariamente de la venta del predio. Los vecinos sostienen que fue la resistencia jurídica ciudadana y las resoluciones de la justicia federal las que obligaron a frenar la operación.

Y los números están sobre la mesa: los amparos 474/2026, 349/2026 y 672/2026 ya han conseguido suspensiones contra actos relacionados con la Subasta Pública 01/2026. Dos cuentan con suspensión definitiva y uno con suspensión provisional.

El conflicto comenzó con el acuerdo de Cabildo del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se autorizó la desincorporación de 18 inmuebles municipales para venderlos y obtener hasta mil 100 millones de pesos destinados a infraestructura. Pero Puerta de Piedra terminó en los tribunales.

Los vecinos aseguran haber transformado el terreno con años de trabajo comunitario, utilizando recursos propios y reforestando el espacio con más de 120 especies vegetales. También señalan que existen registros técnicos y de avifauna incorporados a los procesos judiciales. Por eso cuestionan que desde el Ayuntamiento se minimice el valor ambiental del sitio.

El colectivo dejó claro que no pretende conformarse con que la subasta quede temporalmente detenida. Ahora exige una declaratoria formal de Área Natural Protegida, para evitar que el terreno vuelva a ser puesto en venta por cualquier administración.

La disputa, además, ya abrió un debate mucho mayor sobre los límites del Ayuntamiento para desincorporar patrimonio público, la protección de áreas verdes, la participación ciudadana y el derecho a la ciudad. Mientras Galindo defiende la legalidad de la subasta, los tribunales mantienen abiertas varias controversias y los vecinos anuncian que no bajarán la guardia. “El bosque no se vende, se cuida y se defiende” apuntan.

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Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que prepara un Segundo Informe de Resultados que concentrará los avances, obras, acciones y programas desarrollados en favor de miles de familias, destacando logros en seguridad pública, infraestructura urbana e hidráulica y servicios públicos básicos, lo que ha mejorado la vida de todos los sectores de la población.

El Alcalde explicó que se mantiene coordinación con el Gobierno del Estado para definir la fecha del informe del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y así buscar que pueda acompañar este importante acto en Soledad, como muestra de la buena comunicación y colaboración institucional que impulsa acciones a favor de la población.

Como parte de los preparativos, el Gobierno Municipal avanza en la integración del documento con reuniones de trabajo y encuentros específicos con las distintas áreas de la administración, incluyendo las diferentes áreas de la Guardia Civil Municipal, como proximidad social y seguridad, con el objetivo de contar con información precisa y especializada que permita informar a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados por el Ayuntamiento durante este segundo año de trabajo.

La sede del Segundo Informe de Resultados se encuentra en análisis entre el Teatro de Soledad y la explanada de la nueva Unidad Administrativa Municipal, espacios donde se contempla reunir a las familias y sectores del municipio para compartir los avances, obras y programas que forman parte del cambio que transforma a Soledad.

“Será una rendición de cuentas muy productiva, lleno de trabajo diario, con resultados palpables y reconocidos por la propia población; hay mucho avance en obra hidráulica, en programas sociales, servicios públicos y seguridad pública”, dijo el edil.

Con este ejercicio de transparencia, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano a la población, que escucha y atiende las necesidades de las familias soledenses, fortaleciendo la coordinación que permite seguir construyendo el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

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• Los primeros respondientes tecnológicos iniciarán operaciones en la FENAPO 2026, donde apoyarán las labores preventivas, de vigilancia y de reacción inmediata.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha los primeros cuatro perros robot a los que también pidió que la gente participe en una próxima dinámica para ponerles nombre, y que se integrarán a la estrategia estatal de seguridad como primeros respondientes tecnológicos, con capacidad para ingresar a zonas de difícil acceso, realizar reconocimientos preventivos y transmitir información en tiempo real antes de la intervención de los elementos operativos.

Los dispositivos cuentan con tecnología de última generación e inteligencia artificial para apoyar tareas de vigilancia, patrullaje, reconocimiento del terreno y evaluación de posibles riesgos y mediante su operación remota podrán enviar imágenes y datos a los centros de mando, identificar rutas de acceso y ofrecer a las corporaciones un panorama previo para tomar decisiones más rápidas, precisas y seguras.

“Desde el primer día de esta administración, la seguridad de las familias potosinas y de quienes nos visitan ha sido una prioridad de mi Gobierno, hemos entregado patrullas, vehículos blindados, equipo especializado y sumado nuevos elementos a las corporaciones; además, en materia de tecnología e inteligencia nunca hemos quitado el dedo del renglón, porque queremos policías mejor preparados, protegidos y con herramientas de primer nivel”, expresó el Gobernador Ricardo Gallardo.

Como primera etapa de operación, los cuatro perros robot estarán desplegados en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina durante la edición 2026, donde apoyarán las labores de prevención, vigilancia y reconocimiento en zonas estratégicas y espacios de alta concentración, en coordinación permanente con los cuerpos de seguridad y los centros de mando.

Los equipos también podrán intervenir en operativos preventivos, vigilancia de instalaciones estratégicas, búsqueda, reconocimiento y situaciones que representen un riesgo para la integridad de los agentes y su incorporación no sustituye el trabajo policial, sino que amplía las capacidades de las corporaciones, reduce considerablemente la exposición de los elementos y coloca a San Luis Potosí como punta de lanza en México en el uso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública.

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La aplicación Mi Taxi ya está lista para entrar en operación y será el medio oficial para solicitar taxis durante la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, anunció la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, quien además reiteró que Uber no podrá prestar servicio durante la feria, al no cumplir con los requisitos establecidos por la legislación estatal.

La funcionaria explicó que la plataforma fue desarrollada por el Gobierno del Estado específicamente para el sistema de taxis concesionados y actualmente se encuentra en la fase final de capacitación de los operadores que participarán en este nuevo esquema. «Mi Taxi es la aplicación oficial de transporte de la Fenapo 2026. Seguimos capacitando a los taxistas en distintos horarios para que todos puedan integrarse al sistema», señaló.

De acuerdo con la SCT, alrededor del 90 por ciento de los conductores de taxis ya se registraron en la plataforma, mientras que cerca de mil 500 unidades cuentan con la herramienta tecnológica que permitirá recibir solicitudes de viaje directamente desde el teléfono celular de los usuarios. La aplicación comenzará funcionando únicamente para dispositivos Android, mientras que la versión para iPhone estará disponible en un plazo estimado de dos a tres meses.

Martínez Acosta destacó que la plataforma fue diseñada exclusivamente para el servicio de taxi en San Luis Potosí, respetando las disposiciones legales vigentes y adaptándose a las necesidades del transporte público estatal.

Uno de los principales atractivos de Mi Taxi será que el costo del viaje se calculará antes de iniciar el recorrido, tomando en cuenta la distancia, el tiempo estimado y las tarifas oficiales autorizadas por el Gobierno del Estado.

La titular de la SCT aseguró que no existirán incrementos por alta demanda, horarios pico o eventos masivos, como ocurre en otras plataformas de transporte. «El cálculo es el mismo que realiza un taxímetro: considera el tiempo y los kilómetros recorridos, utilizando las tarifas oficiales publicadas en el Periódico Oficial del Estado», explicó.

En su primera etapa, los usuarios podrán pagar los viajes en efectivo o mediante transferencia bancaria. No obstante, la SCT informó que ya trabaja con la empresa desarrolladora para incorporar próximamente el pago con tarjeta bancaria dentro de la aplicación.

Además, las autoridades señalaron que los viajes solicitados mediante Mi Taxi estarán monitoreados por el C5i2, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad tanto para pasajeros como para operadores.

Respecto a la operación de Uber, Araceli Martínez insistió en que la empresa no ha cumplido con las obligaciones que marca la legislación estatal para las plataformas digitales de transporte, por lo que no podrá brindar servicio durante la Fenapo 2026.

La funcionaria rechazó que exista una persecución contra los conductores de esa plataforma y sostuvo que únicamente se está haciendo cumplir la normativa vigente para todos los prestadores del servicio de transporte público.

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Apenas un día después del nombramiento de Héctor Edgar Mar del Ángel como nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el Gobierno de San Luis Potosí salió en su defensa frente a las críticas por su trayectoria como mando policiaco y aseguró que no existe ningún impedimento legal para que ocupe el cargo.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el funcionario enfrentó un proceso penal hace más de una década, pero fue absuelto, por lo que consideró que no hay razones jurídicas para impedir su designación. «Hace más de 13 años tuvo una problemática que enfrentó ante la ley, dio la cara y al final resultó absuelto del ilícito imputado», declaró. El funcionario añadió que todos los integrantes de la administración estatal están sujetos a resultados. «Si no da el ancho, pues se va», sentenció.

El Gobierno del Estado presentó a Mar del Ángel como un perfil con «enfoque humanitario», asegurando que su llegada fortalecerá la capacidad institucional para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y privilegiar su localización con vida.

En el comunicado oficial se afirmó que su designación permitirá avanzar «con determinación en la búsqueda de la verdad, la justicia y la esperanza». Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos debido a diversos señalamientos que han acompañado la trayectoria del ahora comisionado.

Antes de asumir la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Edgar Mar del Ángel fue director de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Valles, titular de la corporación en Soledad de Graciano Sánchez y también ocupó cargos dentro de la entonces Policía Estatal. Durante ese recorrido enfrentó distintos señalamientos.

Entre los casos más conocidos se encuentra el proceso penal derivado de la muerte de Ángel Javier Rodríguez González, de 21 años, ocurrida en 2011 cuando Mar del Ángel encabezaba la base operativa de la Policía Estatal en Cerritos. Aunque posteriormente fue absuelto por un juzgado penal, el caso derivó en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí por uso indebido de la fuerza.

A ello se suman las denuncias registradas durante su gestión en Ciudad Valles, donde fue señalado por presuntos actos de abuso de autoridad, allanamiento de morada y por la muerte de Juan José Saavedra Meléndez, quien falleció mientras permanecía bajo custodia en las celdas municipales.

Hasta el momento, esos antecedentes no representan un impedimento legal para ejercer el cargo, según sostuvo la Secretaría General de Gobierno.

Torres Sánchez también aseguró que el nombramiento fue bien recibido por colectivos de búsqueda. «Los colectivos reconocen en él una persona con experiencia. Entonces vamos a darle la oportunidad», afirmó.

La declaración ocurre después de que el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros informara que sostuvo una reunión virtual con autoridades estatales para plantear el perfil que debía asumir la Comisión Estatal de Búsqueda. En esa publicación, el colectivo señaló que conocía el trabajo de Mar del Ángel y expresó que esperaba que su experiencia se tradujera en resultados, al tiempo que dejó claro que mantendrá la exigencia y vigilancia sobre su desempeño.

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Aunque las lluvias continuarán durante los próximos días, las principales presas que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí no registraron un incremento en sus niveles de almacenamiento, informó el director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez.

El funcionario explicó que las precipitaciones del fin de semana fueron locales y puntuales, por lo que no generaron aportaciones significativas a los cuerpos de agua ni provocaron desbordamientos.

Actualmente, la presa San José se encuentra al 85% de su capacidad; La Muñeca, al 96%; El Potosino, al 70%; y La Lajilla, en la Huasteca, al 97%. Martínez Sánchez señaló que, aunque algunas presas ya superan el 90% de almacenamiento, por el momento no existe una decisión para iniciar desfogues.

Precisó que cualquier determinación será tomada de manera conjunta por un comité integrado por la CEA, la Conagua, los ayuntamientos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en la evolución de las lluvias.

Asimismo, aseguró que, en caso de ser necesario liberar agua, la población será informada con anticipación para que pueda tomar las medidas preventivas correspondientes. «Los porcentajes son los mismos. Cuando se rebasan ciertos niveles se toma una decisión colegiada y se informa oportunamente a la ciudadanía», concluyó.

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A más de una semana del ataque ocurrido en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación La Pila, donde perdieron la vida tres elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que aún no existe un dictamen pericial que determine qué provocó la explosión que desencadenó la tragedia.

La fiscal general, María Manuela García Cázares, informó que la investigación continúa abierta y que las diligencias siguen en curso para establecer tanto la causa de la explosión como la participación de los presuntos responsables. «Estamos todavía en etapa de investigación… no tenemos hasta ahorita un dictamen final en el cual se determine la causa de la explosión», señaló.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con los primeros indicios, los tres agentes fallecieron a consecuencia del impacto generado tras la explosión. No obstante, aclaró que esa conclusión aún deberá ser confirmada por los peritajes especializados. Uno de los pocos datos confirmados por la Fiscalía es que los elementos descendieron de la patrulla y se acercaron a pie al lugar donde ocurrió el incidente, momentos antes de registrarse la explosión.

Respecto a la versión de que el vehículo involucrado transportaba combustible, como lo señaló previamente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, García Cázares indicó que esa posibilidad sigue siendo analizada, pero evitó confirmar que se tratara de un coche bomba o de un artefacto explosivo. Incluso, adelantó que, de ser necesario, la Fiscalía solicitará el apoyo de especialistas de otras entidades que cuenten con experiencia en este tipo de hechos para fortalecer los trabajos periciales.

Sobre una posible relación con el robo de combustible, la fiscal recordó que ese delito corresponde al ámbito federal y precisó que, hasta el momento, la investigación no cuenta con elementos que permitan vincular directamente el ataque con esa actividad.

La actualización ocurre después de que el gobernador informara sobre la detención de un presunto implicado y la emisión de cuatro órdenes de aprehensión contra personas presuntamente involucradas en el ataque, quienes, según el Gobierno del Estado, serían originarias de otras entidades.

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Luego de denunciar públicamente las detonaciones con explosivos que, aseguran, han provocado daños en viviendas, afectaciones a la fauna y el temor entre la población, el Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir una inspección y la suspensión de las actividades.

La denuncia señala como presuntos responsables a la empresa Hoganza S.A. de C.V., a Marco Antonio Jiménez Oviedo, Aurelio Cadena y a integrantes del Comisariado Ejidal, a quienes acusan de permitir la remoción ilegal de vegetación y el uso de explosivos para la extracción de material pétreo en el cerro.

Los habitantes sostienen que las detonaciones, iniciadas el pasado 22 de julio, provocaron vibraciones que cimbraron el poblado, cuarteaduras en viviendas, lanzamiento de rocas y la huida de diversas especies silvestres que habitan la zona, además de la remoción de cactáceas y otras plantas nativas sin acciones de protección ambiental.

De acuerdo con el documento presentado ante Profepa, la empresa obtuvo previamente la autorización de la Segam mediante el Manifiesto de Impacto Ambiental IA.MIA-042/2026 para regularizar un banco de material tipo riolita que abastecería obras relacionadas con el Libramiento Oriente, proyecto que desde hace años ha sido señalado por habitantes como parte de la presión para urbanizar y transformar el ejido.

Los inconformes también cuestionaron la actuación de las autoridades ambientales al considerar que los permisos fueron otorgados sin valorar de manera integral los impactos ecológicos y sociales que tendría la explotación del cerro, del que depende parte del equilibrio ambiental de la comunidad.

Además, acusaron que la representación ejidal respaldó el proyecto mediante una asamblea que califican como «controlada», donde se avaló la venta de parcelas al pie del cerro. Incluso señalaron presuntas irregularidades en la adquisición de esos terrenos, al afirmar que nunca se notificó el derecho del tanto a los ejidatarios. Respecto a los permisos otorgados por la Sedena para el uso de explosivos, los pobladores cuestionaron si realmente se evaluaron los riesgos para la población antes de autorizar las detonaciones.

Por su parte, el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito respaldó la denuncia y recordó que la comunidad ha frenado en varias ocasiones intentos por destruir el Cerro Gordo, en 1985, 2000 y 2017. Aseguró que actualmente la zona afectada por la deforestación y la apertura de caminos supera el polígono autorizado, por lo que consideró que existen elementos suficientes para que Profepa realice una inspección y, en su caso, decrete la clausura de las obras.

Mientras tanto, los habitantes reiteraron que continuarán con las acciones legales y sociales para impedir que el cerro, considerado un símbolo de identidad para la comunidad, sea convertido en un banco de material para proyectos carreteros y de desarrollo inmobiliario.

con información de Astrolabio Diario digital

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