El activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Andrés Costilla Castro, confirmó que no fue solo una, sino dos parejas —una de hombres y otra de mujeres— quienes fueron rechazadas y discriminadas en la Oficialía del Registro Civil Número 5 de San Luis Potosí al intentar iniciar el trámite para contraer matrimonio.
“El argumento que da esta funcionaria es por razones religiosas, pero eso es del ámbito personal. Su trabajo es público y debe regirse por la ley”, declaró Costilla, quien aseguró que se han documentado ya dos casos concretos en los que la jueza negó el servicio por tratarse de uniones entre personas del mismo sexo.
De acuerdo con el activista, la negativa no solo representa una violación a los derechos humanos, sino también podría configurarse como un delito de discriminación, conforme al artículo 186 del Código Penal de San Luis Potosí, que sanciona a quien cometa actos de exclusión por orientación sexual, identidad de género u otras condiciones personales.
“Lo que está cometiendo esta juez es un delito. Hacemos un llamado al gobernador Ricardo Gallardo para que atienda este asunto y se remueva del cargo a esta funcionaria. No puede haber espacio para estas prácticas dentro del gobierno”, puntualizó.
Costilla también señaló que el caso ya fue turnado a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, a cargo de la licenciada Verónica Onofre, para que se tomen cartas en el asunto. Añadió que desde que obtuvieron los testimonios de las parejas afectadas, se han mantenido en contacto con las autoridades correspondientes.
Sin embargo, la existencia de múltiples casos documentados refuerza las denuncias sobre una práctica sistemática de discriminación institucional, lo cual contraviene lo establecido por la jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce como inconstitucional cualquier acto u omisión que niegue el derecho al matrimonio igualitario.
El activista recordó que el Estado está obligado a garantizar el acceso a los derechos sin excepción ni justificación religiosa. «Ser funcionaria pública implica cumplir la ley, no imponer convicciones personales», concluyó.