El Congreso del Estado aprobó, en una sesión marcada por críticas y dudas técnicas, la reforma al Código Penal que crea el delito de “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, propuesta por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés. La votación cerró con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstencionesj.
La nueva norma pretende frenar la creación y difusión de deepfakes—imágenes, audios y videos hiperrealistas generados sin consentimiento— capaces de imitar voces, rostros y gestos al grado de afectar la vida de las personas. Sin embargo, el debate dejó en claro que la reforma podría*abrir la puerta a interpretaciones amplias que terminen convirtiéndose en herramientas de censura.
La diputada Gabriela López Torres —quien inicialmente se había abstenido en comisión— votó en contra al señalar que el Congreso está aprobando una reforma sin dictámenes técnicos de la Fiscalía ni del Poder Judicial, y sin un análisis profundo sobre los impactos en libertad de expresión.
Además, criticó que algunos legisladores compararan esta iniciativa con la Ley Olimpia: “No toca temas de violencia de género ni identidad. No voy a respaldar nada que pueda limitar la libertad de expresión o que haga responsables a periodistas y caricaturistas por usar herramientas digitales legítimas.”
En la misma línea, el diputado Marco Gama Basarte advirtió que la reforma, presentada como una modernización normativa, deja un concepto de “alarma social” demasiado vago, lo que permitiría a la autoridad aplicar la ley de forma discrecional. “Más que proteger a la ciudadanía, se corre el riesgo de habilitar un instrumento de persecución política disfrazado de regulación tecnológica.” señaló que la ambigüedad podría usarse contra voces críticas, especialmente durante momentos sensibles como procesos electorales.
Con la incorporación del Artículo 187 Ter, quienes usen IA para recrear o imitar a una persona sin su autorización podrán recibir hasta tres años de prisión. La reforma también sanciona la difusión intencional de contenidos falsos y la manipulación institucional mediante IA.
El decreto establece excepciones para materiales periodísticos, académicos, artísticos, paródicos o de crítica política, siempre que no haya intención maliciosa. Aun así, para los legisladores que votaron en contra, estas salvaguardas no son suficientes ante la amplitud del concepto “alarma social” y el riesgo de interpretaciones expansivas.
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