El Congreso del Estado dio el primer paso para eliminar a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como órgano autónomo. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Gobernación aprobaron el dictamen que reforma la Constitución local para desaparecer al organismo encargado de garantizar el acceso a la información y transferir sus funciones al Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de cada institución pública.
El documento, impulsado por las y los diputados Sara Rocha Medina, Carlos Arreola Mallol y Diana Ruelas Gaitán, fue avalado con modificaciones y ahora pasará al Pleno para su votación definitiva este martes 24 de febrero. El cambio es de fondo: ya no habrá un organismo independiente que revise cuando una autoridad niegue información pública.
En su lugar:
* En el Gobierno del Estado y los municipios, la transparencia quedará a cargo de un organismo desconcentrado adscrito a la Contraloría General del Estado, es decir, dependiente del Ejecutivo.
* El Poder Legislativo, el Poder Judicial y otros organismos autónomos se supervisarán a sí mismos a través de sus órganos internos de control.
En términos simples: las propias autoridades serán las responsables de vigilar y resolver los casos relacionados con acceso a la información.
El diputado Carlos Arreola Mallol señaló que este rediseño responde a la reforma federal que desapareció al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), bajo la premisa de simplificar la estructura del Estado, eliminar duplicidades y reducir costos.
La CEGAIP no se extinguirá de inmediato. El Congreso tendrá hasta 120 días naturales para emitir la legislación secundaria. Durante ese periodo, el organismo seguirá operando.
Después:
* Los comisionados dejarán el cargo.
* Sus recursos, archivos, plataformas y sistemas pasarán al nuevo órgano del Ejecutivo.
* El personal conservará sus derechos laborales.
* Las resoluciones y acuerdos ya emitidos seguirán siendo válidos.
Aunque el dictamen asegura que el derecho de acceso a la información se mantiene, lo cierto es que desaparece el órgano autónomo que hasta ahora actuaba como árbitro externo frente a las decisiones del gobierno. La última palabra la tendrá el Pleno del Congreso. De aprobarse, la reforma será enviada a los ayuntamientos para completar el proceso constitucional.
