La tan anunciada Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se quedó, por ahora, en papel mojado. La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado decidió posponer su aprobación, al considerar que no representa un cambio real: solo cambiaría el nombre a la actual Unidad Especializada, sin mejoras en personal, presupuesto ni funcionamiento.
Durante la sesión, se admitió que el dictamen no contempla plazas nuevas ni recursos adicionales inmediatos. Es decir, la nueva Fiscalía haría exactamente lo mismo, con el mismo equipo y la misma falta de recursos. “La instancia ya existe, ya funciona”, justificó un asesor de la comisión.
El dictamen fija su entrada en vigor para el 1 de septiembre de 2025, aunque podría cambiar de fecha. La diputada Gabriela López Torres cuestionó el alcance real de la medida y advirtió que, sin dinero, la Fiscalía no será autónoma ni eficaz. “Lo que se necesita es presupuesto”, subrayó, recordando que los colectivos de familias buscadoras llevan años exigiendo acciones concretas, no simulaciones.
El tema volverá a la mesa en los próximos meses, durante la elaboración del paquete económico 2026.
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