La tensión entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Congreso subió de nivel. Este miércoles, la Comisión de Hacienda del Estado aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026, que reduce en más de 186 millones de pesos la aportación estatal prevista para la universidad.
La propuesta original del Ejecutivo destinaba 506 millones 155 mil 546 pesos —la “totalidad de la disponibilidad presupuestaria” para cumplir el convenio federal–estatal—, pero el dictamen modificó la cifra a solo 320 millones de pesos, es decir, 36.8% menos. El documento será votado este jueves por el Pleno del Congreso, justo cuando el conflicto entre diputadas, diputados y el rector Alejandro Zermeño Guerra atraviesa su punto más álgido.
La reducción presupuestal llega después de un intercambio fallido de invitaciones entre ambas instituciones: primero, la Comisión de Hacienda citó al rector para revisar la situación financiera de la UASLP; Zermeño aceptó, pero propuso una sede universitaria y el día de la reunión, los diputados no asistieron; al día siguiente lo citaron en el Congreso y el rector les canceló también, lo que desató señalamientos públicos y tensiones internas.
Durante la discusión, la diputada Gabriela López Torres advirtió que la Legislatura repetiría el error del año pasado. Recordó que para 2025 se aprobaron 300 millones, pero la UASLP terminó operando con 506 millones gracias al convenio con la Federación. “Si ya quedó demostrado que 300 millones no alcanzan, fijar ahora 320 millones es incongruente”, reclamó.
En el dictamen, el párrafo II del considerando noveno justifica el ajuste porque la Comisión considera esencial conocer el destino del gasto y la aplicación de los recursos de la universidad. Según el documento, “al no contar con la suficiente información” proporcionada por la UASLP, la Comisión decidió “incrementar” la asignación de 300 millones (vigente en 2025) a 320 millones, pese a que esto representa una baja significativa frente a la propuesta del Ejecutivo.
El recorte se votará en el Pleno mientras el rector adelanta que no acudirá a la sesión previa convocada por la Comisión de Hacienda, debido a compromisos previamente agendados.
El choque institucional —que comenzó con oficios cruzados y reuniones fallidas— ahora se reflejará directamente en el presupuesto universitario.