Diputadas se burlan de la “Ley Anti-Memes”: “Quitarle lo chusco a México sería criminal”

La llamada “Ley Anti-Memes”, impulsada por el diputado morenista Armando Corona Arvizu, encendió la polémica dentro y fuera del Congreso. La iniciativa pretende castigar con hasta seis años de prisión y 600 días de multa a quien difunda memes, stickers o caricaturas que “ridiculicen o dañen la reputación” de una persona.

El proyecto, que busca adicionar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal, fue presentado bajo el argumento de combatir el ciberacoso y los deepfakes. Sin embargo, varias legisladoras —incluidas diputadas de Morena y del PAN— consideraron que criminalizar los memes sería un golpe directo a la libertad de expresión y un intento de blindar a los políticos contra la sátira.

La diputada panista Mireya Vancini Villanueva ironizó al respecto: “No pasa nada si hacen una caricatura tuya. Es publicidad, y de la buena. Quitarle el sabor a los memes sería quitarle el sabor a la vida”.

Por su parte, la morenista Nancy Jeanine García Martínez también desestimó la propuesta, aunque reconoció la necesidad de regular la inteligencia artificial por su uso indebido en falsificaciones digitales: “Sí debe haber regulación en IA, porque ya hasta da miedo escuchar tu propia voz diciendo cosas que no dijiste. Pero los memes… son parte de lo chusco, de lo nuestro. A mí me encanta usar stickers, hasta que me hagan a mí”.

En la misma línea, la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, destacó que las juventudes viven en plataformas como TikTok e Instagram y que la creatividad digital no debe ser criminalizada. “Hay que usar la tecnología con responsabilidad, sí, pero no podemos castigar el humor. Los memes y stickers son una forma moderna de expresión y participación ciudadana”, apuntó.

La propuesta de Corona Arvizu ha sido calificada en redes sociales como un intento de censura digital. Mientras el legislador asegura que su iniciativa busca proteger a las personas del ciberacoso, críticos advierten que podría convertirse en un arma legal para acallar la sátira política y la crítica ciudadana.