El caso del diputado del PAN, Marcelino Rivera Hernández, se ha convertido en uno de los más polémicos dentro del Congreso de San Luis Potosí: mientras él y su bancada aseguran que un amparo federal lo protege, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) insiste en que ya está formalmente inhabilitado por 20 años y con sanciones millonarias a cuestas.
Rivera, exalcalde de San Martín Chalchicuautla (2012-2015), promovió un juicio de amparo para frenar las sanciones que le impuso el IFSE por irregularidades en la cuenta pública 2013, que incluyen:
* Inhabilitación por 20 años
* Resarcimiento superior a 13 millones de pesos
* Multa cercana a 779 mil pesos
El legislador panista Rubén Guajardo Barrera defendió a su compañero y afirmó que la justicia federal ya concedió una suspensión que impide aplicar cualquier sanción. “Mientras esté vigente la suspensión, no se puede aplicar nada”, aseguró.
Pero el auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, lo desmintió tajantemente: “O no sabe leer o no quiso leer la resolución. El juez negó la suspensión definitiva; el diputado está inhabilitado y así lo confirma la sentencia”.
Según el IFSE, no se trata de que el Congreso “inhabilite” a Rivera, sino de notificarle que legalmente no puede ejercer su cargo porque la sanción ya fue confirmada.
El caso no se queda ahí. Por la cuenta pública 2014, Rivera también fue castigado con:
* 16 años de inhabilitación
* Resarcimiento de más de 8.1 millones de pesos
* Multa de 868 mil 679 pesos
Aunque interpuso un recurso de revocación, también en este caso se le negó la suspensión. El diputado asegura que no se esconde y que está dando la cara: “Yo he sido muy transparente con el Congreso. Todos los procedimientos los estoy atendiendo (…) fuera o no diputado tendría que defenderme, y ahora más que nunca”, declaró.
Incluso cuestionó si existe una persecución en su contra: “Éramos 58 alcaldes y sólo hay proceso contra uno, contra mí. Ahí la ciudadanía valorará por qué”.
El asunto está ahora en manos de comisiones legislativas, pero el choque de posturas es evidente. Mientras tanto, Rivera se mantiene en su curul y la polémica sigue creciendo, pues el auditor advirtió que esta situación podría abrir la puerta a nuevas observaciones y revisiones por parte de los entes fiscalizadores.
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