El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa que busca poner fin a un problema que él mismo llamó “un obstáculo”: la consulta pública a personas con discapacidad, un proceso que el Congreso de San Luis Potosí está obligado por ley a realizar, pero que —según afirmó— no ha logrado implementar de manera efectiva.
El legislador explicó que más de 10 iniciativas permanecen atoradas porque no se ha podido realizar la consulta previa que exige la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y recordó que, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2022, San Luis Potosí tiene 490 mil personas con discapacidad, cuya voz debería formar parte de las decisiones públicas.
La propuesta de Rosas Montiel plantea crear el Comité de Consultas a Personas con Discapacidad, integrado por especialistas, que organizaría entre uno y dos ejercicios al año para revisar leyes, políticas públicas y reformas que afecten directamente a esta población.
El objetivo, dijo, es que la consulta “deje de ser un obstáculo” y se convierta en un mecanismo que fortalezca las leyes en beneficio de toda la ciudadanía.
Pero mientras en el Congreso buscan ordenar el proceso… la Suprema Corte discute si seguirá invalidando leyes por falta de consulta
La iniciativa surge en un momento clave: la nueva integración de la Suprema Corte analiza si mantendrá el criterio que durante años ha establecido que toda ley emitida sin consulta previa debe invalidarse automáticamente, o si ahora será necesario que las personas afectadas —es decir, personas con discapacidad— presenten una inconformidad para que el tema sea revisado.
Hasta ahora, la consulta ha sido una obligación constitucional derivada del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, protegida además por el artículo 1 constitucional. Y la Corte había establecido que la consulta debe ser:
- Previa
- Pública, abierta y regular
- Accesible
- Informada
- Significativa
- Con participación efectiva
- Transparente
- Y preferentemente con participación directa de personas con discapacidad
El posible cambio comenzó a analizarse desde el 11 de septiembre, cuando la Corte discutió la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023 sobre leyes de salud en Chihuahua. El debate se retomó en sesiones del 22 de septiembre y el 7 de octubre, sin llegar a un acuerdo.
El asunto se “congeló” temporalmente para abrir la primera audiencia pública de la nueva integración, realizada del 20 al 22 de octubre, donde organizaciones y personas con discapacidad advirtieron que cambiar el criterio sería regresivo, pues trasladaría a la ciudadanía la carga de exigir judicialmente algo que es obligación del Estado.
A pesar de tres días de testimonios, la Corte no resolvió. El ministro presidente Hugo Aguilar sólo afirmó que la decisión llegará “a la brevedad”, aunque sin fecha definida.
Te recomendamos leer https://www.crmnoticias.com.mx/uavi-de-la-guardia-civil-de-soledad-prioriza-atencion-y-apoyo-a-victimas-de-violencia/