El Congreso del Estado de San Luis Potosí abrió el segundo año de la LXIV Legislatura con una sesión solemne cargada de simbolismo político e inconsistencias en el protocolo. Por un lado, se concretó la integración inédita de una Mesa Directiva compuesta solo por mujeres; por el otro, la presidenta del Congreso, la priista Sara Rocha Medina, brilló por su ausencia en uno de los actos más relevantes: la toma de protesta de magistrados y jueces.
Aunque Rocha había prometido que su papel sería “institucional” y “sin colores partidistas”, cumplió lo que días antes había advertido como dirigente del PRI: se ausentó en la protesta de las nuevas personas juzgadoras, en rechazo a la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Su ausencia obligó a que la segunda vicepresidenta, Dolores Robles (PVEM), y la primera vicepresidenta, Mireya Vancini (PAN), asumieran la conducción del acto en turnos.
La ceremonia, retrasada más de una hora por la tardanza del gobernador Ricardo Gallardo, reunió a funcionarios estatales, diputados federales, titulares de organismos autónomos y actores políticos que atestiguaron la renovación del Poder Judicial, con la designación de 75 nuevas personas juzgadoras entre magistrados, juezas y jueces.
En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) asumió la presidencia Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien reconoció que la reforma judicial requiere “cambios profundos”, aunque aún no definió con claridad el rumbo. En el Tribunal de Disciplina Judicial, la presidencia recayó en Zelandia Bórquez Estrada, quien prometió abrir las puertas del nuevo órgano y garantizar confianza ciudadana.
El gobernador Gallardo celebró la jornada como “un cambio histórico” al tratarse de magistraturas electas por voto ciudadano, aunque el proceso arrancó con vacíos políticos, retrasos logísticos y tensiones entre bancadas que adelantan un año legislativo y judicial marcado por la confrontación.