Sin aplausos de funcionarios, sin el desfile de políticos y empresarios, y con un público reducido a familiares y personal judicial, Arturo Morales Silva cerró su ciclo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. Fue un adiós sobrio, marcado más por la expectativa de lo que viene que por la nostalgia de lo que se va.
Y es que el telón de fondo no pudo ser más accidentado: un día antes, la Sala Superior del TEPJF tumbó la magistratura de José Luis Ruiz Contreras, exfiscal y exsecretario de Seguridad, quien llegó a la contienda con 124 mil votos, pero con un requisito incumplido desde el principio. No se separó a tiempo de su cargo público y la Constitución no perdona olvidos convenientes.
Lo que para él fue “un derecho restringido”, para los magistrados federales fue un claro ejemplo de que la trampa no da toga. La sentencia fue contundente: no hay pase automático del despacho de fiscalía al sillón de magistrado. Y mientras Ruiz Contreras se despedía con lágrimas en el teclado y mensajes de gratitud, la silla pasó a Yanet Hernández Trejo, quien con 106 mil votos y sin irregularidades cargará ahora con la responsabilidad.
El informe de Morales Silva resumió su periodo de noviembre 2024 a septiembre 2025: modernización tecnológica, digitalización de trámites, proyectos de oralidad civil y familiar, capacitaciones con perspectiva de género y derechos humanos. Logros, sí, pero también un cierre con números incómodos: rezagos en expedientes, jueces cuestionados y la sombra de una reforma judicial que removió 10 de las 15 magistraturas y 45 de los 64 juzgados. Una sacudida histórica.
Morales Silva, con más de 30 años en la judicatura, se defendió de quienes lo tachan de inelegible por su bajo promedio de licenciatura (7.91): “la experiencia pesa más que las calificaciones”, justificó. Pero la reforma fue clara: no todos los que hoy se van habrían pasado la criba que ahora enfrentan los nuevos.
Los nombres que llegan —Mónica Kemp, Ángel Gonzalo Santiago, Arturo Morales Silva (sí, reelecto por la vía electoral), Juan David Ramos y ahora Yanet Hernández— no sólo tendrán que rendir protesta este 15 de septiembre, sino también rendir cuentas más allá del protocolo.
La elección judicial no fue limpia: entre impugnaciones, promedios reprobados, excepciones constitucionales y hasta acusaciones de “acordeones” para inducir el voto en la elección nacional de ministros, el proceso deja la sensación de que lo que nació como un experimento democrático, todavía se cocina a medias.
El Poder Judicial potosino se renueva entre la solemnidad del informe, los aplausos de cortesía y las sentencias de última hora. Se va una judicatura cuestionada por su opacidad y sus privilegios; llega otra que promete legitimidad por las urnas, pero que ya arranca con heridas de credibilidad.
Ruiz Contreras queda como la anécdota amarga: quiso entrar por la puerta grande y terminó por la puerta de atrás. Los nuevos magistrados entran con la legitimidad de los votos, pero con la lupa ciudadana encima.
Porque al final, más allá de informes, ceremonias y discursos, lo que se renueva no es un edificio ni una toga: es la esperanza de que la justicia, por fin, se parezca a lo que la gente espera de ella.
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