Con pancartas y gritos de indignación, familiares de personas en rehabilitación, líderes de centros y algunos internos protestaron este jueves frente al Congreso del Estado para rechazar una polémica iniciativa impulsada por la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista. La propuesta busca tipificar como delito de privación ilegal de la libertad el internamiento involuntario en centros de salud mental y rehabilitación.
Las y los manifestantes alzaron la voz para denunciar que esta iniciativa no fue consultada con quienes realmente viven estos procesos. Aseguran que no se organizaron mesas de trabajo ni se les dio espacio para opinar. “Legislar desde el escritorio es un error que pone en riesgo vidas”, afirmaron.
Familiares argumentaron que, en muchos casos, las personas internadas no tienen la capacidad mental para tomar decisiones por sí solas, por lo que intervenir no debería ser criminalizado. “No se trata de encerrar por capricho, sino de salvar vidas”, dijeron.
Además, criticaron que la propuesta no ofrece alternativas de reinserción social para quienes egresan de estos centros, lo que muestra, dijeron, un enfoque incompleto y peligroso.
Saúl Montenegro, encargado de un centro de rehabilitación, advirtió que esta reforma podría dejar en la ilegalidad el trabajo que muchos han asumido ante el abandono institucional. “Si esto se aprueba, nos convierten en delincuentes por hacer el trabajo que el Estado no quiere hacer”, sentenció.
Los manifestantes exigieron diálogo real, participación en la toma de decisiones y leyes que reconozcan la complejidad de las adicciones y los trastornos mentales. “No se trata de castigar a quien ayuda, sino de construir soluciones con humanidad”, concluyeron.
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