Cansadas de promesas incumplidas y del desinterés oficial, las familias del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP presentaron un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado por incumplir con su obligación legal de crear la Fiscalía Especializada en Desapariciones, una deuda pendiente desde hace casi ocho años.
Las y los integrantes del colectivo señalaron que esta omisión no es un simple retraso legislativo, sino una forma de violencia institucional que refleja la indiferencia del Estado frente a la crisis de desapariciones en San Luis Potosí. “Han pasado casi ocho años de discursos vacíos y fotos conmemorativas que no cambian nada. El Congreso y las autoridades que se dijeron ‘aliadas’ han demostrado que su compromiso es inexistente”, acusaron.
La Ley General en Materia de Desaparición, vigente desde 2017, obliga a cada estado a contar con fiscalías especializadas, con personal y recursos suficientes para investigar estos delitos. Sin embargo, en San Luis Potosí, la exigencia sigue sin cumplirse.
El colectivo también responsabilizó a Palacio de Gobierno, donde —aseguraron— se toman realmente las decisiones y desde donde tampoco se ha dado la orden para avanzar en la creación de la Fiscalía. “Nos han jugado con simulaciones de interés, cuando en los hechos muestran la misma indiferencia que el Congreso”, reprocharon.
La acción legal fue acompañada por la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, y busca que el Poder Judicial federal obligue a las autoridades potosinas a cumplir con la ley. “Cada día de omisión es un día más de impunidad y de sufrimiento para las familias”, advirtieron las y los integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros, quienes reiteraron su exigencia de verdad, justicia y la creación inmediata de la Fiscalía Especializada en Desapariciones.