Aunque la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, confirmó dos feminicidios recientes en San Luis Potosí —uno en la capital y otro en Villa de Reyes—, señaló que presuntamente intentaran fueron casos de violencia familiar y responsabilizó a la falta de denuncias como el principal problema, minimizando la gravedad de estos crímenes.
Ambos asesinatos fueron cometidos presuntamente por las parejas sentimentales de las víctimas. Sin embargo, la narrativa oficial se centró más en la ausencia de querellas formales que en el fracaso de los mecanismos de protección para prevenir que la violencia escale hasta el feminicidio.
En el caso ocurrido en la colonia Las Flores, en la capital, el presunto responsable —esposo de la víctima— ya fue detenido. En el segundo, registrado en Villa de Reyes, el agresor continúa prófugo, sin que hasta ahora haya sido localizado. A pesar de los dos feminicidios, García Cázares aseguró que este delito “va a la baja” en la entidad y destacó que 2025 cerró con menos casos que 2024, afirmando que espera que este año no se superen esas cifras.
Durante sus declaraciones, la fiscal insistió en que muchas mujeres viven violencia familiar, pero no denuncian, lo que —según su explicación— impide mantener detenidos a los agresores.
Explicó que, aunque las policías detienen a hombres señalados por violencia, si las víctimas no presentan querella en un plazo de 12 horas, los agresores deben ser liberados.
García Cázares reconoció que muchas mujeres viven con miedo y soportan agresiones durante años, pero su discurso volvió a colocar el peso del problema en la decisión de las víctimas de denunciar, sin profundizar en las razones estructurales. La capital potosina continúa como la zona con mayor número de reportes de violencia familiar, lo que refuerza que el hogar sigue siendo uno de los espacios más peligrosos para muchas mujeres en el estado.
