¡Aquí estamos! ¡No nos vamos!” Por más que nos cierren la puerta, no nos van a callar
Eran las 10 de la mañana y ya el aire ardía de dignidad en San Luis Potosí. Las madres buscadoras, esas que no celebran el Día de las Madres, sino que lo caminan con el corazón en carne viva, se reunieron como cada año en la Caja del Agua. No traían flores ni regalos, sino lonas con rostros desaparecidos, pancartas con gritos de dolor y esperanza, y gargantas afiladas con consignas que cimbran las calles: “¡Hijo mío, mientras Dios me preste vida, te voy a encontrar!”.
Empezó la marcha.
La herida abierta del país se desbordó por el Pasaje Zaragoza, después de correr a los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por acercarse solo para tomarse fotos, avanzaron hasta Plaza de Armas y exigieron al gobernador Ricardo Gallardo que bajara a mirar a los ojos a quienes no buscan justicia: buscan a sus hijos. Pero no hubo respuesta. Solo funcionarios, solo el diputado Fernando Gámez, solo promesas.
Gámez, ese mismo que minutos antes había presentado al Congreso la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, les dijo que las esperaba en la Fiscalía General del Estado para dialogar. Las madres fueron. Llegaron con esperanza, con exigencia, con el proyecto en la mano. Pero lo que recibieron fue un portazo. Literal. Les cerraron la puerta en la cara.
Empujones, gritos, jaloneos. Algunas salieron golpeadas. La dignidad no se puede pisotear sin consecuencias: les aventaron agua a los policías que las agredieron. No por violencia, sino por dignidad. Por hartazgo. Por no dejarse humillar más. Porque ya basta.
Solo hasta después de la presión, la Fiscal General, Manuela García Cázares, se dignó a bajar. No lo hizo sola, claro: bajó con su séquito de burócratas que no sienten el dolor ajeno, entre ellos Ángel Gonzalo Santiago Hernández, Miguel Ángel García Amaro, Leobardo Aguilar Orihuela y el propio diputado Gámez. La escena parecía más una foto institucional que un acto de reparación. La fiscal repitió el viejo discurso: “Estamos con ustedes”, “las entendemos”, “les vamos a hacer caso”. Pero las madres ya no comen palabras. Quieren acciones, fechas, presupuesto, voluntad.
“Tres años llevamos con esta iniciativa. Tres años de promesas. Tres años de mentiras.” gritó Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros. Habló por todas. Denunció que hay una Unidad Especializada, sí, pero ya no basta. Las cifras son atroces: diez personas desaparecen cada semana. Las fosas se siguen encontrando. Y mientras eso ocurre, el Estado sigue teniendo un solo arqueólogo y un solo antropólogo para todo San Luis.
Desde hace años, madres han muerto sin encontrar a sus hijos. Y sus nietos, los huérfanos del abandono institucional, sobreviven entre papeles escolares que nadie les resuelve. ¿Y qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Simulación. Por eso el tercer visitador, Alejandro García Alvarado, fue rechazado en seco por las madres. “No queremos más indiferencia.”
El diputado Gámez aseguró que “esta vez sí va en serio”. Que presentó la iniciativa, que su firma es una prueba. Que la bancada del Verde también la respaldará. Pero cuando le preguntaron por qué su partido apoyó la reelección de Giovanna Argüelles al frente de la CEDH, a pesar de las denuncias de las buscadoras, solo dijo: “lo vamos a checar”. Un “vamos a ver” más, en un océano de simulaciones.
El recorrido concluyó en la Fiscalía a las 2:08 de la tarde. Las madres llegaron después del diputado. Y se encontraron con la violencia. Pero resistieron. Entraron. Y aunque nada concreto les prometieron, dejaron claro algo que el Estado no puede ignorar:
Una madre no se rinde. Una madre no olvida. Y si el gobierno las ignora, las golpea o les cierra la puerta… ellas la derriban.