El Impuesto Ambiental en San Luis Potosí no debe quedarse en una medida recaudatoria, sino convertirse en un motor de proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y fortalezcan la sustentabilidad en la entidad. Ese fue el llamado que lanzaron empresarios, legisladores y especialistas durante el Segundo Foro de Seguimiento a la Reglamentación del Impuesto Ambiental, organizado por la Alianza Empresarial Potosina.
En el encuentro, realizado en el auditorio de la Canacintra, se subrayó que los recursos recaudados deben manejarse bajo reglas claras y transparentes, preferentemente a través de un fideicomiso, para asegurar que cada peso se traduzca en beneficios reales para el medio ambiente y la sociedad.
Los asistentes recordaron que San Luis Potosí enfrenta ya impactos severos del cambio climático: temperaturas superiores a los 35 grados en más de 60 municipios, alteraciones en los ciclos de lluvia, pérdida de humedad en los suelos y caída en la productividad agrícola. “La industria y el sector manufacturero siguen dependiendo de la quema de combustibles fósiles, lo que eleva las emisiones de gases de efecto invernadero. Este impuesto debe ser una herramienta para transformar ese modelo”, enfatizaron los ponentes.
El presidente de Coparmex San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, criticó que la legislatura anterior aprobara la iniciativa sin una figura financiera clara para administrar el dinero. “Desde el principio faltó un esquema transparente. Hoy, después de todo el proceso, seguimos sin informes de cómo se manejarán los recursos. Es urgente definir un fideicomiso y rendir cuentas claras, porque finalmente es dinero que generan las propias empresas”, señaló.
El foro reunió a líderes empresariales, autoridades y especialistas en sostenibilidad para discutir ejes clave como:
- Impacto económico del Impuesto Ambiental en SLP
- Innovación y economía circular
- Fondos verdes y financiamiento sostenible
- Estímulos fiscales para empresas responsables
Durante la conferencia inaugural, Yulissa Angulo Elizalde, de la Comisión de Sostenibilidad de CANACEM, resaltó que los estados y municipios tienen la capacidad —y la responsabilidad— de mejorar la gestión de energía y transporte, por lo que deben impulsar políticas más verdes y colaborativas. “El futuro sostenible comienza hoy, con reglas claras, participación de todos los sectores y un compromiso real con la ecología”, concluyó.
Los participantes coincidieron en que el desafío no se resuelve solo con sanciones o regulaciones, sino con un diálogo constante entre gobierno, sector privado, academia y ciudadanía.