Mientras dos jueces federales mantienen suspendida la venta del predio municipal de Puerta de Piedra, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento tiene prácticamente garantizados 650 millones de pesos de la subasta de terrenos, recursos con los que pretende financiar obras como el Paso Inferior Vehicular de El Saucito, proyecto que ahora también enfrenta un juicio de amparo.
El edil reconoció que la venta del terreno de Puerta de Piedra permanece en incertidumbre, junto con otro predio ubicado al poniente de la ciudad, debido a los litigios promovidos por vecinos. Sin embargo, afirmó que la expectativa de ingresos prácticamente no cambia. «De los 700 millones que íbamos a recibir, estamos en ese margen muy bien», declaró. Las declaraciones contrastan con lo dicho días antes por el síndico municipal, Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, quien admitió que el comprador del predio de Puerta de Piedra analizaba desistirse de la operación debido a las suspensiones otorgadas dentro de los juicios de amparo.
Hasta ahora, el proyecto de Puerta de Piedra acumula tres amparos. Los expedientes 474/2026 y 349/2026 ya obtuvieron suspensiones definitivas, mientras un tercer recurso continúa en análisis. Los promoventes sostienen que el terreno forma parte del equipamiento urbano y que su venta pondría en riesgo un espacio que la comunidad rehabilitó como bosque urbano. Pese a ello, Galindo insistió en que la operación ya fue realizada. «En estricto sentido esa venta ya se realizó… no hemos querido mover nada, hemos querido ir en santa paz con Puerta de Piedra», sostuvo, al señalar que el Ayuntamiento ha ofrecido otros terrenos e infraestructura como alternativa para los vecinos. El conflicto cobra mayor relevancia porque los recursos obtenidos de esa subasta estaban destinados a financiar, entre otras obras, el Paso Inferior Vehicular de El Saucito, proyecto que también llegó a los tribunales.
El Juzgado Sexto de Distrito admitió recientemente el amparo 821/2026 y concedió una suspensión provisional para revisar la legalidad del proyecto, al requerir al Ayuntamiento estudios, dictámenes y documentación técnica, además de analizar si existió una participación ciudadana efectiva. A pesar de este nuevo frente legal, el alcalde aseguró que el principal obstáculo para iniciar las obras no son los amparos, sino el retraso en la liberación de licitaciones por parte de la Contraloría del Estado.
