El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que sancionará hasta con 20 años de prisión a los funcionarios, empresas o personas que alteren, falsifiquen, contaminen pruebas, medicamentos o vacunas contra Covid-19.
Durante la sesión ordinaria se aprobó con 65 votos a favor, 14 en contra y una abstención la reforma al artículo 464 de la Ley General de Salud, que endurece las sanciones a quienes falsifiquen o alteren vacunas y otros insumos, como ocurrió en México durante la pandemia con inmunización falsa o la venta de pruebas falsas.
Durante la Jornada Nacional de Vacunación que realiza el gobierno federal se han denunciado varios casos en estados como Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México, entre otros, donde personal de salud fingió haber vacunado a personas.
La reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados indica que «quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicará una pena de tres a 15 años de prisión y multa de 50 mil a 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización».
La pena se aumentará en un tercio, es decir a 20 años de cárcel, cuando el ilícito sea cometido por algún servidor público en ejercicio de sus funciones.
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