La Contraloría confirmó que los servidores públicos no cumplieron con su deber de supervisar el establecimiento donde murieron dos jóvenes; el Ayuntamiento también está bajo la lupa.
Tres funcionarios estatales fueron oficialmente inhabilitados por su presunta responsabilidad en las omisiones que permitieron la operación irregular del antro Rich, donde el pasado 7 de junio murieron dos jóvenes tras un colapso estructural.
El titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Sergio Aguiñaga Muñiz, informó que las sanciones alcanzan a personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Gobernación del Estado y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris). Las tres dependencias habrían fallado en su obligación de supervisar que el inmueble cumpliera con las condiciones necesarias de seguridad.
El dictamen, que ya fue turnado a instancias judiciales, también fue notificado directamente al padre de una de las víctimas. La resolución es definitiva y se mantendrá firme, más allá de otros procesos legales o administrativos que los funcionarios puedan enfrentar.
Aunque el gobierno estatal reconoció su responsabilidad, señaló que el mayor peso recae en el Ayuntamiento de la capital, ya que es la instancia encargada de otorgar permisos de funcionamiento y revisar las condiciones físicas de los establecimientos.
De hecho, desde diciembre de 2024, la Contraloría estatal ya había emitido una resolución firme y la compartió con el municipio para que también se iniciara una investigación interna sobre la entrega de permisos y la supervisión de antros y bares en la ciudad.