Lo que comenzó como una reforma aprobada a toda prisa en el Congreso de San Luis Potosí para castigar el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) ahora escaló al máximo tribunal del país. Las modificaciones al Código Penal estatal ya están bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnara su constitucionalidad.
La acción, identificada como 132/2025, fue presentada el 17 de diciembre de 2025 contra los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, incorporados al Código Penal mediante un decreto publicado en noviembre, tras una votación dividida y un debate que desde el inicio estuvo rodeado de alertas por posibles excesos.
Desde su aprobación, organizaciones civiles, legisladores de oposición y especialistas habían advertido que la reforma podía abrir la puerta a la censura, al castigar de manera amplia la creación y difusión de contenidos generados con IA bajo conceptos como “alarma social”, “confianza pública” o “credibilidad institucional”. Ahora, la CNDH retoma esos señalamientos y sostiene que los artículos impugnados carecen de definiciones claras y precisas, lo que vulnera principios constitucionales básicos como la legalidad y la seguridad jurídica.
Según el organismo, la redacción ambigua de los tipos penales permite interpretaciones excesivamente amplias por parte de las autoridades, lo que podría inhibir la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público, especialmente en el entorno digital, donde hoy se desarrolla gran parte de la discusión social y política.
Uno de los puntos más delicados del reclamo de la CNDH es el uso del derecho penal para regular fenómenos tecnológicos, sin que se acredite un daño concreto. El organismo señala que el Congreso optó por criminalizar conductas basadas en riesgos hipotéticos, sin analizar antes opciones menos restrictivas, como vías civiles, administrativas o mecanismos de autorregulación. En otras palabras, la crítica es clara: se recurrió a la sanción penal como primera respuesta, no como último recurso.
La CNDH también advierte que las normas impugnadas permiten sancionar el uso de imágenes, voces o identidades digitales generadas con IA incluso sin intención de causar daño, además de proteger conceptos amplios y poco definidos como la “confianza pública”. A juicio del organismo, este enfoque prioriza la protección del Estado y de sus instituciones por encima de derechos fundamentales, lo que resulta incompatible con una sociedad democrática y con los estándares constitucionales de libertad de expresión.
La impugnación llega después de semanas de polémica. Cabe recordar que, tras aprobar la reforma en apenas nueve días, los propios diputados anunciaron foros y mesas de trabajo para “revisarla”, reconociendo implícitamente que el tema había sido legislado de manera apresurada. Hoy, esa discusión ya no está sólo en manos del Congreso local. Será la Suprema Corte la que determine si San Luis Potosí cruzó la línea entre regular el uso de nuevas tecnologías o crear un marco legal que puede derivar en censura y criminalización del discurso digital. El debate sobre la inteligencia artificial, lejos de cerrarse, apenas comienza… pero ahora en el terreno constitucional.
