Lo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó como una estrategia “histórica” para financiar obra pública ya comenzó a convertirse en un auténtico frente jurídico, ambiental y constitucional. A menos de tres meses de haberse realizado la Subasta Pública 01/2026, ya existen tres juicios de amparo federales relacionados con la venta de terrenos municipales, de los cuales dos ya cuentan con suspensión definitiva y otro más con suspensión provisional.
El golpe más fuerte sigue concentrándose en el predio de Puerta de Piedra, donde vecinos impulsaron un proyecto de reforestación y bosque urbano, mismo que terminó incluido en la lista de inmuebles subastados por el gobierno municipal encabezado por Enrique Galindo Ceballos.
Aunque el municipio ha intentado reducir el tema a una inconformidad entre vecinos y autoridades, los propios juzgados federales ya comenzaron a tratar el asunto como algo mucho más grande. Los expedientes 349/2026, 474/2026, 672/2026 e incluso el 761/2026 ya comenzaron a vincularse electrónicamente entre sí, debido a la relación que guardan con la desincorporación y venta de bienes municipales.
Es decir: el Poder Judicial ya detectó que no se trata solo de vender terrenos, sino de un debate sobre: el derecho a la ciudad, protección ambiental, función pública de áreas de donación, participación ciudadana, legalidad administrativa y los límites del poder municipal sobre el patrimonio público
El primer gran freno llegó con el amparo 474/2026, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito, donde ciudadanos impugnaron el acuerdo de Cabildo aprobado el 11 de febrero de 2026 para vender 18 inmuebles municipales bajo el argumento de financiar obras de infraestructura por mil millones de pesos. En ese expediente, el juez concedió suspensión definitiva, frenando la operación de compraventa del predio en Puerta de Piedra.
Después vino el amparo 349/2026, presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito, donde nuevamente se impugnó el acuerdo de Cabildo y la convocatoria de la subasta pública. Resultado: otra suspensión definitiva.
Y no solo eso. El Ayuntamiento intentó tumbar la medida mediante un recurso de queja ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito… pero perdió. El tribunal declaró infundada la queja promovida por autoridades municipales, dejando firme la suspensión provisional otorgada previamente.
Ya apareció un tercer amparo
Como si el escenario no fuera suficientemente complicado, ahora apareció el amparo 672/2026, relacionado directamente con actos derivados del fallo de la Subasta Pública 01/2026. En este nuevo juicio se impugna específicamente la emisión y aprobación del fallo relacionado con un inmueble ubicado en Privadas del Pedregal. El expediente ya obtuvo suspensión provisional. Y otra vez el Ayuntamiento respondió promoviendo un recurso de queja.
Los amparos no solo cuestionan la venta de predios específicos. Lo que están poniendo sobre la mesa es si espacios con función ambiental, urbana y colectiva pueden convertirse simplemente en bienes subastables para financiar infraestructura. En el expediente 474/2026 incluso se aplicaron principios constitucionales y ambientales como: principio precautorio, in dubio pro natura, interés legítimo ambiental y la protección preventiva del territorio. Es decir: el Poder Judicial ya empezó a mirar el tema bajo una lógica de derechos colectivos y protección ambiental, no solo administrativa.
Mientras el alcalde insiste en que las resoluciones “no afectan” el proceso de compraventa, la realidad es que ya existen múltiples suspensiones federales, recursos en tribunales colegiados y expedientes que empiezan a conectarse entre sí. Y eso cambia completamente el escenario. Porque ahora la discusión ya no es únicamente si el municipio puede vender terrenos.
La verdadera pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía municipal cuando están en juego áreas verdes, patrimonio público, participación ciudadana y derecho al territorio?
