En coincidencia con la aprobación de un presupuesto adicional para el Congreso del Estado, los colectivos Derechos Urbanos y Pedaleando San Luis realizaron este martes una peculiar protesta: una “anticelebración” con pastel incluido, para marcar los tres años de omisión legislativa en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en San Luis Potosí.
Desde las butacas del Pleno, los activistas exigieron a las y los diputados iniciar de inmediato las consultas a personas con discapacidad y pueblos originarios, requisito indispensable para aprobar las reformas locales. Luego bajaron al vestíbulo del Congreso, donde partieron un pastel como recordatorio simbólico de los años perdidos por falta de voluntad política.
“Hoy estamos anticelebrando tres años de omisión legislativa. En este tiempo se han perdido más de mil 500 vidas por siniestros viales. No son accidentes: son consecuencia directa de la inacción del Congreso”, declaró Claudio Aldrete, representante del colectivo Derechos Urbanos. El activista criticó que los argumentos presupuestales se utilicen como pretexto para seguir postergando las consultas necesarias. “Nos dicen que no hay dinero. Ojalá que esos 10 millones extra que se aprobaron al Congreso sirvan para hacerlas realidad, y no solo para cubrir sueldos”, apuntó.
Aldrete recordó que cada día mueren una o dos personas en el estado por siniestros viales, en su mayoría por exceso de velocidad, alcohol y falta de infraestructura segura. “Sabemos dónde ocurren y bajo qué condiciones, pero sin datos, sin política pública y sin leyes, el problema seguirá igual”, agregó.
Por su parte, Víctor Hernández, del colectivo Pedaleando San Luis, denunció la falta de bases de datos confiables sobre los siniestros: “Cuando pedimos información al municipio, los datos no están georreferenciados ni completos. Sin datos, no hay decisiones acertadas”.
Ambos activistas advirtieron que, pese a los acercamientos con algunos diputados y autoridades municipales, los avances han sido simbólicos. “El Congreso debe construir política pública y los municipios deben atender la infraestructura, pero hasta ahora, todo se queda en palabras”, subrayaron.
La protesta también recordó la deuda pendiente con la “Ley Santi”, iniciativa ciudadana que busca garantizar una movilidad segura e incluyente. Presentada en marzo de 2024, la propuesta lleva el nombre de Roberto Josué Rodríguez Santiago, joven activista que sufrió un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta.
La Ley Santi propone límites de velocidad más estrictos, mejor infraestructura vial, protocolos de atención a víctimas y educación en seguridad vial, pero continúa sin aprobarse. En palabras de los colectivos, su retraso es reflejo de una falta de voluntad política que cuesta vidas cada día.
Catalina Torres Cuevas, defensora de los derechos de personas con discapacidad, también participó en la protesta y advirtió sobre la simulación en las consultas legislativas “Nos preocupa que quieran hacer encuestas disfrazadas de consultas. Consultar significa escuchar, no solo preguntar en la calle. Ven la participación ciudadana como una carga, no como una obligación”.
Mientras 22 estados del país ya han armonizado sus leyes de movilidad, San Luis Potosí sigue rezagado. Los colectivos exigen que el Congreso deje las excusas y cumpla con su responsabilidad. “Cada día que pasa sin esta ley, se pierden vidas. Y hoy, con pastel en mano, les recordamos que no hay nada que celebrar”, concluyó Aldrete.
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