El caso de corrupción en la Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí, destapó un caos administrativo que hoy tiene más de mil 400 trámites completamente detenidos, muchos de ellos indispensables para el funcionamiento de empresas, gaseras, restaurantes y hoteles en la capital potosina.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que, tras la destitución del exdirector Adrián Cortázar Ruiz, la Contraloría Interna sigue recibiendo nuevas denuncias ciudadanas y empresariales. En apenas cinco días, dijo, se han sumado quejas formales de cadenas comerciales y particulares que acusan corrupción, retraso deliberado y cobros indebidos. “Es una barbaridad. Estoy preocupado. Tenemos más de 1,400 trámites atorados solo este año. El dictamen de Protección Civil atora las licencias de funcionamiento, y eso afectaba a Comercio y Desarrollo Urbano. Todo está conectado”, reconoció.
Galindo explicó que la parálisis en la dependencia se convirtió en un “cuello de botella” que frenaba la emisión de permisos municipales. Incluso, señaló que el retraso de trámites podría haber sido parte del modus operandi del grupo que operaba dentro de la dirección, con el fin de presionar o negociar con los solicitantes.
Ante esta situación, el encargado del despacho, Alejandro Polanco Acosta, propuso un acuerdo administrativo para liberar los expedientes acumulados sin poner en riesgo las normas de seguridad. “Queremos normalizar los trámites, pero sin caer en ligerezas. Hay gaseras, restaurantes, hoteles y empresas industriales en revisión. Es un tema delicado”, enfatizó Galindo, quien afirmó que mantiene reuniones diarias sobre el caso.
El alcalde subrayó que tanto el Ayuntamiento como los afectados presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, mientras la Contraloría continúa con una investigación integral sobre el funcionamiento interno de la dirección.
Además, reconoció que el exdirector Cortázar Ruiz ha solicitado ejercer su derecho de réplica, aunque reiteró que su separación del cargo se basó en evidencias concretas de irregularidades documentadas durante más de un mes.
Por su parte, Adrián Cortázar Ruiz, a través de redes sociales, negó las acusaciones y aseguró tener documentos que prueban su inocencia. Acusó que desde otras áreas del Ayuntamiento se solicitaban “apoyos” para aprobar negocios sin cumplir con los requisitos legales y denunció condiciones precarias dentro de la dependencia, desde falta de vehículos hasta carencias de personal y uniformes. “Nunca se pidió dinero a nadie, solo se exigía que cumplieran con los trámites. Tengo pruebas que muestran lo contrario a lo que dicen”, afirmó el exfuncionario, quien pidió se respete su derecho a defenderse.
En tanto, el Ayuntamiento llamó a la ciudadanía y a los empresarios a acudir directamente a Protección Civil, sin gestores ni intermediarios, para reactivar sus trámites y presentar nuevas denuncias sobre prácticas irregulares.
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