La comunidad indígena Mixteca Baja de San Luis Potosí alzó la voz. Interpusieron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir que se reponga la elección de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al denunciar que no fueron consultados como lo marca la ley.
El representante de la comunidad, Narciso Mendoza López, explicó que el Congreso del Estado nunca publicó la convocatoria en lengua Mixteca Baja ni en otras lenguas indígenas como el Náhuatl, Otomí o Tének, a pesar de estar obligado a hacerlo. “Nosotros ni nos enteramos cuándo fue la convocatoria. Nunca se tradujo a nuestra lengua, ni se difundió entre las comunidades. Eso es una violación clara a nuestros derechos”, reclamó en conferencia de prensa.
El recurso legal fue admitido el pasado viernes y la audiencia constitucional se llevará a cabo el próximo 29 de mayo en el Juzgado Sexto de Distrito.
El artículo 9º de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas establece que cualquier decisión que afecte a las comunidades debe tomarse mediante una consulta libre, previa e informada. En este caso, aseguran, eso no ocurrió. “No hay representación indígena en el consejo de la CEDH. Eso también va contra leyes nacionales e internacionales que protegen nuestros derechos”, advirtió Mendoza.
Aunque el amparo fue presentado por la comunidad Mixteca Baja, el representante reconoció que otras comunidades tampoco fueron informadas sobre el proceso y apenas se están enterando de lo ocurrido. “Queremos que se reponga el proceso de forma justa y legal. Ya se admitió el amparo, y eso demuestra que nuestra demanda tiene bases sólidas”, concluyó.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios, que siguen exigiendo ser parte real —y no solo simbólica— de las decisiones que los afectan.
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