Jesús Alfonso Rosales Vázquez, intendente sindicalizado del SEER y trabajador de la Sección 52 del SNTE, murió tras meses de abandono institucional, negligencia médica y la indiferencia de autoridades estatales, según señalaron sus familiares en rueda de prensa.
Rosales Vázquez fue despojado arbitrariamente de su salario y del servicio médico del IMSS, a pesar de contar con un dictamen de incapacidad vigente por enfermedades crónicas. Durante más de un año y medio, su familia asumió todos los gastos médicos, ante la falta de apoyo del SEER, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y el IMSS.
En rueda de prensa, sus hijas Dulce María, Luisa María y Diana Abigail Rosales García denunciaron que su padre falleció víctima de una sepsis generalizada, producto de una infección no tratada en la clínica del IMSS en Zapata, donde fue dado de alta sin atención por no tener seguro vigente.
“El Estado lo dejó morir”, reclamaron. En octubre, la Oficialía Mayor le suspendió el salario y servicio médico; en noviembre contrajo una bacteria en el hospital, y en enero la familia tuvo que acudir a la CNDH para intentar restablecer sus derechos, ya con la salud de Rosales Vázquez gravemente comprometida.
A pesar de su historial laboral de casi tres décadas, y de estar inscrito en el programa ADEC, jamás se gestionó su jubilación. Peor aún, tras su muerte, la Oficialía Mayor informó apenas “evaluar su caso para pensión”, lo que su familia calificó como una burla cruel.
La familia responsabiliza directamente al SEER, la Oficialía Mayor y al IMSS por la muerte de Rosales Vázquez, y pide que su caso marque un precedente para detener el abandono institucional en el sistema educativo estatal.
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