A partir de ahora, negar el acceso a un aborto legal ya no será solo una omisión: será considerado violencia. El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una iniciativa ciudadana que marca un giro contundente en la defensa de los derechos reproductivos, al reconocer la llamada “violencia reproductiva” dentro de la ley.
La reforma —impulsada por la Colectiva ILE y Nueva Luna Salud para las Mujeres A.C.— modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y coloca en el centro que impedir que una mujer o persona gestante acceda a la interrupción legal del embarazo es una forma de agresión institucional. Este cambio no es menor. Hasta ahora, las barreras, negativas o retrasos en los servicios de salud quedaban en un terreno ambiguo; hoy, la ley establece que esas acciones vulneran derechos y deben ser sancionadas.
Además, la nueva legislación amplía las causales en las que el Estado está obligado a brindar atención inmediata y gratuita. Ya no se limita únicamente a casos de violación: también incluye estupro, inseminación artificial no consentida e implantación de óvulos sin autorización. Con ello, se busca cerrar la puerta a prácticas que, durante años, han obligado a mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos, muchas veces poniendo en riesgo su vida.
La reforma también alinea la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que criminalizar o impedir el acceso al aborto vulnera derechos humanos.
Para las colectivas impulsoras, esta aprobación tiene un mensaje directo: el Estado ya no puede ser omiso ni obstáculo. Ahora está obligado a garantizar servicios de salud accesibles, seguros, dignos y sin discriminación. “Negar el servicio también es violencia. Y hoy eso ya quedó escrito en la ley”, señalaron activistas tras la votación.
