“No fue un buen domingo para todos”, dijo el alcalde Enrique Galindo Ceballos al referirse a la detención de la activista y abogada Celia García Valdivieso. Sin embargo, mientras el edil ofreció una disculpa pública y anunció la revisión de protocolos policiales, la defensora pasó horas detenida, denunció incomunicación y se sumó a una creciente lista de periodistas, comunicadoras y activistas que han enfrentado investigaciones o privaciones de la libertad en San Luis Potosí durante las últimas semanas.
La fundadora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz A.C. fue detenida el domingo luego de intervenir para cuestionar la actuación de policías municipales que intentaban revisar a un joven durante un retiro espiritual en las inmediaciones de la Casa Hogar del Niño.
Familiares y organizaciones denunciaron una detención arbitraria y posibles violaciones al debido proceso. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió su liberación inmediata y alertó sobre el riesgo que representa detener a una persona por cuestionar una actuación policial. Ante la polémica, Galindo reconoció que el episodio fue un “lamentable malentendido… Yo lamento mucho que se haya dado este incidente con la maestra Celia (…) fue un mal domingo para todos”, expresó. Pero mientras el alcalde retomó sus actividades habituales y aseguró que revisará los protocolos, la activista fue quien enfrentó la detención y las consecuencias inmediatas del operativo.
El caso ocurre en un contexto particularmente delicado para San Luis Potosí. En menos de un mes fueron detenidas las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo por presuntos delitos relacionados con inteligencia artificial; el creador de contenido Christian Herrera fue arrestado en Ciudad Valles; la periodista Anahí Torres González denunció una orden de aprehensión en su contra; y recientemente se confirmó una investigación contra el director del medio La Noticia, Juan Pablo Moreno Rodríguez, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés.
Los casos han provocado pronunciamientos de organizaciones como ARTICLE 19, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y CIMAC, que han advertido sobre un ambiente de creciente hostigamiento judicial y posibles riesgos para la libertad de expresión.
Los datos también reflejan la preocupación. Actualmente, 13 periodistas potosinos cuentan con medidas de protección del mecanismo federal y el Instituto Mexicano para la Competitividad ubicó a San Luis Potosí en el lugar 64 de 71 ciudades del país en el indicador de agresiones contra periodistas. Por ello, la frase del alcalde abrió un nuevo debate: si realmente fue un mal domingo para todos o si, una vez más, las consecuencias recayeron principalmente sobre quien decidió cuestionar a la autoridad.
