Mientras la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, rendía cuentas ante el Congreso del Estado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, un grupo de taxistas enfurecidos bloqueó las calles Pedro Vallejo, Ignacio López Rayón e Ignacio Comonfort, frente al recinto legislativo.
Con pancartas, gritos y motores encendidos, los integrantes de los movimientos Metropolitano, La Resistencia y Extraditables denunciaron “la falta de operativos reales” contra el transporte irregular y las plataformas digitales que —aseguran— trabajan “bajo el amparo del gobierno”.
Los inconformes exigieron la destitución de Martínez Acosta, a quien acusan de mentir sobre la situación del transporte y de permitir presuntas irregularidades en los cobros de trámites y cursos obligatorios. Según denunciaron, los pagos de alrededor de mil treinta pesos por operador se hacen mediante depósitos a una cuenta privada de Banorte, y no en la Secretaría de Finanzas como marca la ley.
Pese al bloqueo, la secretaria se negó a salir a dialogar con los manifestantes. Desde la sala de comparecencias, respondió con dureza: “Conozco perfectamente a quienes encabezan esta manifestación: representan el 0.33% del gremio, 18 taxis en total. No volveré a dialogar con quienes buscan retomar las viejas prácticas de la ‘herencia maldita’.”
Martínez Acosta aseguró que en San Luis Potosí existen 5 mil 442 concesionarios y más de 18 mil operadores, de los cuales “el 99.7% respalda la regularización de las plataformas digitales” y participa en mesas de trabajo con la dependencia.
La funcionaria defendió su gestión y acusó a los líderes del movimiento de “engañar a otros taxistas” e incluso de solicitar favores para liberar vehículos ligados a delitos. “No voy a ceder a presiones ni intereses oscuros que vulneren al Estado. He trabajado 24/7, pero no permitiré chantajes”, afirmó.
Mientras tanto, los manifestantes prometieron mantener las protestas hasta que el Congreso intervenga y se investigue el presunto desvío de recursos, además de exigir una aplicación pública para el gremio y operativos “reales” contra las plataformas.
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