Escrito por Magui Zacarias
Por segunda vez en las últimas dos semanas, constructores contratados por el Gobierno del Estado han abierto zanjas al pie de las casas habitadas en las 5 calles intervenidas del Barrio de San Miguelito, provocando serios daños a la infraestructura y molestias a los residentes.
En esta ocasión, las obras han ocasionado la ruptura de tuberías de agua potable, servicios de drenaje y gas natural, dejando a los vecinos sin acceso a estos servicios básicos. Además, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) ha incumplido con el envío de pipas de agua potable, agravando aún más la situación.
Los residentes del Barrio de San Miguelito expresaron su hartazgo por la falta de planeación de la obra y las constantes molestias que genera la tardanza y la ausencia de un plan ordenado de trabajo. Hace 15 días, las compañías constructoras ya habían abierto zanjas para la instalación de cableado subterráneo, las cuales fueron cerradas, pero ahora han sido reabiertas con maquinaria pesada, provocando daños a los tubos ya instalados.
Las zanjas abiertas también han impedido el acceso de vehículos a las casas, incluyendo a las pipas de agua potable. Las pipas particulares no pueden entrar debido al peso que hunden en la tierra, y en otras calles las zanjas son demasiado estrechas para permitir su paso. Las pipas de Interapas, por su parte, solo tienen mangueras de 10 metros de largo, insuficientes para llegar a todas las casas.
Como resultado, adultos mayores y otros residentes se encuentran sin agua potable desde hace más de una semana. Seduvop, a pesar de estar al tanto de la situación, no ha tomado las medidas necesarias para solucionar el problema.
Denunciaron la desorganización de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en la ejecución de la obra. Señalan que no se convocó a una reunión previa con las empresas de servicios públicos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Federal de Electricidad para acordar la logística del cableado subterráneo, como se ha hecho en otras obras en el Centro Histórico.
Los vecinos exigen a las autoridades que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños causados, garantizar el acceso a los servicios básicos y asegurar la seguridad de los residentes. También solicitan que se realice una investigación para determinar las responsabilidades por las irregularidades en la ejecución de la obra, ya que consideran que la situación actual representa una grave violación a sus derechos humanos. La falta de acceso a agua potable y la imposibilidad de entrar a sus casas debido a las zanjas abiertas ponen en riesgo la salud y seguridad de los residentes, especialmente de los adultos mayores.
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