Los padres de los jóvenes que murieron en la tragedia del antro Rich, ocurrida el 6 de junio de 2024 en San Luis Potosí, lograron un avance legal clave: el Juzgado Sexto Federal ordenó a la Contraloría estatal entregarles el expediente completo de la investigación interna sobre el caso, que había sido clasificado como “reservado” durante meses.
El fallo obliga al contralor Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz a transparentar la documentación que podría revelar la responsabilidad de funcionarios municipales y estatales, entre ellos personal de Comercio, Gobernación, Protección Civil y la COEPRIS.
Las familias denunciaron que las autoridades han intentado encubrir los hechos con total impunidad y limitar la actuación de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Manuela García Cázares, a quien no se le ha permitido investigar con plena autonomía.
Con indignación, los padres exigieron al gobernador “poner orden y dejar trabajar a la Fiscalía”, para que la justicia alcance a todos los responsables de esta tragedia que enlutó a San Luis Potosí.
A más de un año del colapso en el antro Rich —que cobró la vida de Manuel Alejandro y Rodrigo, y dejó decenas de heridos—, las familias mantienen viva su lucha y su mensaje es claro: “No fue un accidente, fue negligencia. Y no vamos a descansar hasta que haya justicia.”
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