El activista Luis González Lozano informó que presentó una solicitud formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer el estatus real del cumplimiento de la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la reforma electoral de 2022 y su continuidad en la reciente reforma conocida como “Ley Gobernadora”.
La petición busca que el Máximo Tribunal informe, de manera oficial y documentada: si la sentencia se encuentra en etapa de cumplimiento; si el Congreso del Estado ha enviado constancias que acrediten acatamiento total o parcial; y si se respetaron los estándares de consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad que la Corte ordenó.
Estas consultas fueron un punto central de la resolución de la SCJN publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2024, donde se determinó la invalidez de diversos artículos de la Ley Electoral por falta de consultas previas, libres e informadas a estos sectores.
González Lozano subrayó que lo que está en juego no es solo la reforma conocida como “Ley Gobernadora”, que obliga a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027, sino el respeto pleno a las sentencias de la Suprema Corte y la transparencia del Congreso local respecto a su cumplimiento. “El cumplimiento efectivo de las resoluciones de la Corte es la garantía real de nuestros derechos humanos”, señaló, al insistir en que la ciudadanía tiene derecho a saber si los poderes públicos han atendido las obligaciones impuestas por el tribunal constitucional.
La solicitud ocurre en medio de un clima de controversia política y jurídica, con advertencias de posibles impugnaciones federales contra la reciente reforma electoral aprobada en San Luis Potosí, y mientras sigue pendiente esclarecer si el Poder Legislativo local ya cumplió, o no, con los parámetros de consulta ordenados por la SCJN.
