México se prepara para una jornada histórica este 1 de junio con las primeras elecciones judiciales en las que la ciudadanía podrá votar directamente por jueces, magistrados y ministros. Serán 881 cargos los que estarán en juego, con 3,422 candidaturas en competencia y una lista nominal de 99.7 millones de personas convocadas a las urnas.
El proceso, derivado de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca combatir la corrupción y hacer al Poder Judicial “responsable ante el pueblo”, según declaró el propio exmandatario antes de dejar el cargo en septiembre pasado.
La selección de aspirantes inició con una evaluación técnica encabezada por representantes de los tres poderes de la Unión. Los candidatos debieron acreditar formación en Derecho, experiencia mínima de cinco años, un ensayo personal y cartas de recomendación. Quienes cumplieron los requisitos fueron sometidos a un sorteo para definir a los que entrarían en la contienda.
Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de controversias. Organismos internacionales como la ONU, gobiernos como el de Estados Unidos, partidos de oposición y organizaciones civiles han expresado su preocupación por una posible politización del sistema judicial y el riesgo de que pierda su independencia.
Además, han surgido denuncias sobre presuntos vínculos de al menos una veintena de candidatos con grupos del narcotráfico, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible infiltración del crimen organizado en el proceso.
Las campañas finalizaron el 28 de mayo tras dos meses de actividad proselitista. Se prevé que en 2027 se repita el ejercicio para elegir 800 cargos adicionales. Mientras tanto, esta inédita elección ya está bajo el escrutinio nacional e internacional por lo que representa para el futuro del sistema judicial mexicano.