En San Luis Potosí, asociaciones civiles levantaron la voz para enfrentar un problema que ya no cabe bajo ninguna alfombra: la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Colectivos como Apoyare, creando comunidad y Shakti, acompañamiento integral llegaron este martes al Congreso del Estado con una propuesta clara y urgente: crear espacios seguros en todas las escuelas y detectar la violencia desde sus primeras señales.
En rueda de prensa, las impulsoras de la iniciativa —Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, Victoria Estefanía Ramos Ibarra y Mónica Reynoso Morales— explicaron que el objetivo es reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación para establecer las Unidades de Prevención, Detección y Atención de la Violencia (UPDAVNNA) en todos los planteles de educación básica
Estas unidades funcionarían como un primer filtro especializado: identificar focos rojos, aplicar diagnósticos, brindar atención psicológica inicial, canalizar a las instituciones competentes y generar datos reales que permitan diseñar políticas públicas más efectivas. Todo, de forma profesional y coordinada.
Las asociaciones recordaron que la violencia contra la niñez en San Luis Potosí es una realidad que se normaliza, se oculta o se ignora. Y los números lo confirman: más de 10 mil carpetas por violencia contra menores se han abierto en el estado, sin contar la cifra negra. “Eso significa que hay delitos contra la niñez todo el tiempo”, advirtieron.
Para darle sustento a la propuesta, realizaron un diagnóstico en una escuela de Soledad de Graciano Sánchez, donde los propios estudiantes señalaron que el bullying y la urgencia de tener espacios libres de violencia son sus principales preocupaciones. “Los niños quieren hablar, pero necesitan lugares seguros para hacerlo”, insistieron.
Aunque en 2023 ya habían presentado una iniciativa para crear unidades de género, ésta fue rechazada por supuestos motivos presupuestales. Ahora, aseguran que la nueva propuesta no generará gastos adicionales, pues se operaría con recursos existentes y con apoyo de estudiantes universitarios en servicio social o prácticas profesionales.
La iniciativa también plantea una Comisión Interinstitucional que coordinaría el funcionamiento de estas unidades, integrada por la Secretaría de Educación, Servicios de Salud, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras dependencias.