La presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud, se deslindó nuevamente del caso de violación ocurrido dentro de una oficina de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, al asegurar que no tenía acceso ni control sobre el espacio donde ocurrió el ataque. “Yo ni siquiera tengo llaves de esa oficina, no conocía a las personas que estaban ahí ni nada”, afirmó Jonguitud, quien explicó que la oficina estaba bajo administración de la vicepresidencia de la FUP.
El deslinde ocurre luego de que, días antes, la dirigente estudiantil convocara a una rueda de prensa para negar cualquier vínculo con los presuntos implicados, sin embargo, la víctima declaró ante la Fiscalía que la agresión sexual ocurrió dentro de una oficina de la FUP. De acuerdo con Jonguitud, el uso de las oficinas fue definido “por acuerdos en elecciones”, y eran utilizadas como espacios de apoyo para alianzas estudiantiles, sin que la presidencia tuviera control directo sobre su operación. “Eran principalmente responsabilidad de los que estaban ahí y de la vicepresidencia”, dijo.
Ante las exigencias de estudiantes que piden cerrar los espacios de riesgo, Jonguitud aseguró que si la comunidad lo considera necesario, se tomará la decisión de clausurar esa y otras oficinas. “No sé si se tendría que hacer, pero si la comunidad lo ve necesario, se platicará con la vicepresidencia”, sostuvo.
La presidenta reconoció que, tras el caso, han surgido peticiones para establecer mayor control sobre quienes representan a la Federación, lo cual podría incluir filtros o revisiones de perfiles. “No es una operación mochila; es más que nada para que la persona cumpla con ciertas características para poder ser representante”, aclaró.
Respecto a la víctima, Jonguitud señaló que no ha tenido contacto directo, pero que la FUP mantiene las puertas abiertas para acompañarla si así lo desea. “No queremos invadir su privacidad, pero la invitación está abierta y cuando así lo quiera, vamos a estar”, afirmó.
Sobre las versiones de que los presuntos agresores fueron liberados por autoridades universitarias, explicó que se trató de un malentendido derivado de una declaración inicial de la víctima, tomada cuando “no estaba en condiciones”.
Finalmente, la presidenta reconoció que la crisis ha sido “un golpe muy duro” para su gestión y que, aunque la comunidad universitaria la ha desconocido, no piensa renunciar. “Durante las protestas me decían: ‘vete, no te queremos aquí’, pero seguí atendiendo a los estudiantes. No tengo rencor, y voy a seguir trabajando hasta el final de mi gestión”, concluyó.