En medio de protestas, denuncias de abandono y una crisis en la búsqueda de desaparecidos, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se comprometió por escrito a nombrar a un titular de la Unidad de Personas Desaparecidas antes del 23 de marzo… pero el plazo ya venció sin claridad pública sobre el cumplimiento.
El compromiso forma parte de la minuta de trabajo del 17 de marzo, difundida por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, tras una reunión con funcionarios estatales. En el documento, las autoridades reconocen que la Unidad de Personas Desaparecidas no tenía titular, una pieza clave para coordinar investigaciones y acciones de búsqueda.
Ante ello, se acordó que de manera temporal el fiscal de Derechos Humanos, Doroteo Paredes Granado, asumiría funciones administrativas, mientras se realizaba el nombramiento oficial en un plazo de apenas seis días. Sin embargo, este punto ocurre en medio de denuncias de las madres buscadoras sobre desorganización, falta de personal y parálisis en las búsquedas.
Para el colectivo, este vacío no es menor. En días recientes han señalado que la Comisión y las áreas de investigación operan sin recursos, sin gasolina y sin condiciones mínimas, lo que ya ha frenado salidas a campo. La falta de un titular refuerza —según las familias— la percepción de abandono institucional.
La minuta también incluye otros compromisos:
Un informe general de resultados entre 2021 y 2025, programado para abril.
Mesas de trabajo para procesar hallazgos en todo el estado.
Reuniones periódicas con colectivos.
Pero ninguno ha generado tanto ruido como el incumplimiento —o la falta de transparencia— en el nombramiento prometido.
Este nuevo elemento se suma a la toma de instalaciones, acusaciones de revictimización y denuncias de que “no hay gasolina para buscar”. Mientras tanto las buscadoras siguen en espera de que se designe al nuevo o nueva titular de la unidad.
