CUIDARÁ RECTOR QUE UASLP SEA UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE POLÍTICA PARTIDISTA

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, aclaró que el retraso en la elección de la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho se debió a la interposición de un amparo que obligó a suspender el proceso programado inicialmente para el pasado 18 de diciembre.

Explicó que, mientras se resolvía el recurso legal, la Facultad permaneció bajo la conducción de un director interino, designado tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, quien dejó el cargo después del caso de agresión sexual contra una estudiante dentro de las instalaciones. Zermeño detalló que el amparo fue finalmente desechado y que la notificación oficial llegó el 6 de enero, lo que permitió a las autoridades universitarias retomar el proceso donde se había quedado.

El rector señaló que no fue necesario iniciar un nuevo procedimiento, ya que la sesión suspendida simplemente se reanudó. “En teoría va a continuar la sesión del día 20, que fue suspendida; en ese momento se corta el tiempo y, hasta que el juez decide si se acepta o no el amparo, de ahí en adelante continúa”, puntualizó.

También aclaró que la persona que resulte electa no desempeñará un periodo completo, sino que únicamente concluirá el ciclo que había quedado pendiente tras la renuncia del anterior director, que concluye en 2027–2028. Con ello, afirmó, se busca dar continuidad administrativa y cerrar el periodo que quedó inconcluso.

Zermeño Guerra sostuvo que la Universidad actuó en todo momento dentro del marco legal y de su normatividad interna, privilegiando la estabilidad académica y administrativa de la comunidad universitaria. Subrayó que, pese a los cuestionamientos sobre la oportunidad del proceso, la notificación judicial que desechó el amparo permitió legalmente continuar con la elección programada.

Con ello, este miércoles quedó prevista la designación de la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho, en medio de un contexto marcado por la exigencia de certeza jurídica y el seguimiento cercano de la comunidad universitaria.