Tras concluir el decreto federal de regularización vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, entre 30 mil y 40 mil unidades habrían quedado fuera del padrón vehicular, Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), advirtió que el cierre del programa no sólo dejó trámites inconclusos, sino que también incrementó la vulnerabilidad de quienes usan estos vehículos para trabajar, transportar a sus familias o realizar actividades comerciales y del campo. “Pedimos a los tres niveles de gobierno que no haya saña ni dolo. Que no pongan en la lupa a los dueños de estos vehículos para quererlos extorsionar. Se quedaron miles sin legalizar y ese es el problema cada vez que termina un decreto”, señaló.
La dirigente recordó que el decreto emitido en abril de 2023 permitió durante más de dos años una regularización masiva que no se veía desde 2005. Si bien el balance fue positivo, reconoció que el esquema tuvo fallas, como el ingreso de unidades demasiado antiguas sin cumplir criterios ambientales.
Gómez Suárez agregó que el Gobierno federal estaría analizando un nuevo decreto aduanero con reglas más estrictas: pedimentos de importación definitiva, pago de aranceles e IVA y mayor control mediante agencias aduanales. Sin embargo, advirtió que podría limitarse a modelos recientes, posiblemente de 2010 en adelante, dejando fuera a miles de propietarios.
Mientras no exista un nuevo marco legal, la CTLP exigió a autoridades federales, estatales y municipales evitar hostigamientos, retenes con fines recaudatorios o extorsión contra los conductores. La organización dijo que mantendrá acompañamiento jurídico, asesorías y gestiones ante instancias legislativas para impulsar un mecanismo que otorgue certeza legal y patrimonial a las familias potosinas que dependen de estos vehículos para su día a día.
