El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al proyecto que proponía negar el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, quien vive en situación de desplazamiento forzado interno junto con sus dos hijas menores de edad. Por mayoría de cinco votos, las ministras y ministros desecharon la propuesta elaborada por la ministra María Estela Ríos González, que planteaba validar el plazo legal de 30 días para impugnar medidas de protección. Ahora, el asunto será turnado a otra ministra o ministro para que elabore un nuevo proyecto de resolución.
El caso corresponde al amparo en revisión 394/2025. La periodista recibió amenazas directas en septiembre de 2019 por su labor informativa, lo que la obligó a abandonar su ciudad.
Tras denunciar los hechos, fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que le otorgó medidas como reubicación temporal, alojamiento, alimentación y un botón de asistencia.
Sin embargo, Myrna Gómez impugnó estas medidas al considerarlas “paliativas”, señalando que la mantenían en condición de desplazada sin ofrecer una solución integral y duradera. El Mecanismo rechazó su inconformidad por haberla presentado fuera del plazo de 30 días naturales que marca el artículo 57 de la ley.
La propuesta de la ministra Ríos González sostenía que el plazo era constitucional y que eliminarlo generaría inseguridad jurídica. El documento señalaba que, aunque las personas periodistas en riesgo requieren protección reforzada, esa condición no volvía inconstitucional el límite de tiempo. Con el rechazo del proyecto, la Corte frenó una resolución que habría dejado firme la negativa de amparo para la periodista y sus hijas.
Durante la discusión, varias ministras y ministros coincidieron en que el análisis debía ir más allá de un plazo legal y considerar el contexto de extrema vulnerabilidad.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf enfatizó el interés superior de la infancia y propuso aplicar la suplencia de la queja para proteger los derechos de las menores. El ministro Hugo Aguilar Ortiz señaló que el plazo de 30 días puede ser insuficiente para quien vive bajo amenaza y desplazamiento forzado, subrayando la necesidad de un enfoque de interseccionalidad y género. Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo afirmó que el problema no era solo el plazo, sino la posible omisión reiterada de las autoridades para dar seguimiento efectivo a la solicitud de protección.
Antes de la sesión, la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) pidió públicamente a la Corte resolver el caso con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. La organización señaló fallas en el proyecto desechado, como:
- Falta de perspectiva de género e interseccionalidad.
- Riesgo para la libertad de expresión.
- Posibles violaciones a los derechos de niñas y niños.
- Ausencia de garantías de atención integral.
La Suprema Corte deberá analizar nuevamente el amparo y emitir una nueva propuesta que podría sentar un precedente nacional sobre la protección a periodistas en desplazamiento forzado, el alcance del plazo legal para impugnar medidas y los derechos de hijas e hijos de periodistas en riesgo
