En San Luis Potosí, pedir un Uber es casi tan común como comprar una torta en la esquina… pero mucho más arriesgado, al menos desde el punto de vista legal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal volvió a sacar la tarjeta roja para recordarnos que ni Uber, ni Didi, ni InDriver están autorizadas para operar en ningún rincón del estado. Así, con todas sus letras. Y si te toca un operativo, agárrate: pueden retenerte el carro y hasta darte vista al MP. ¿Delito? Pues sí, según la ley local, ofrecer transporte público sin registro lo es.
Pero aquí viene lo curioso: resulta que la ley sí contempla a las plataformas como posibles prestadoras del servicio, bajo la figura de “redes de transporte”, pero ninguna, salvo Uber que tuvo una “visita cordial”, se ha dignado a registrarse formalmente ante la SCT. Y mientras las empresas se hacen las distraídas y la Secretaría aplica la ley a su manera, usuarios y conductores están justo en medio pagando los platos rotos de un sistema que ni regula ni resuelve.
Y sí, casual, rara y mágicamente, justo cuando se acerca la FENAPO o algún evento importante, el tema vuelve al radar: “¡Cuidado! ¡Está prohibido el uso de apps!”, gritan desde los micrófonos oficiales, pero nada se dice de algunos cuantos taxis que cobran lo que quieren, con conductores que a veces olvidan los buenos modales y el taxímetro, y las leyes o reglamentos son solo de adorno para ellos. Ahí, la SCT estatal suele tener la vista más flojita. ¿Será que la modernidad sí incomoda, pero solo a ratos y algunos cuantos?
Mientras tanto, la ciudadanía se adapta como puede, y prefiere subir a un auto de aplicación sin saber si habrá operativo, porque al final, lo que busca es moverse seguro, rápido y sin regateos. ¿Será mucho pedir? Tal vez no. Pero en San Luis Potosí, modernizar la movilidad sigue siendo una carrera con baches., sin fecha de llegada, y en esta ocasión, con limites.
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