A un día de que el Congreso del Estado aprobara la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la organización Ciudadanos Observando lanzó una nueva advertencia: las leyes que sustituirán al organismo autónomo podrían debilitar aún más el acceso a la información pública y dejar a las propias autoridades como responsables de resolver las quejas en su contra.
La asociación criticó que las iniciativas presentadas por el diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, para crear la nueva Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales fueron elaboradas, aseguran, sin una consulta pública real con especialistas, académicos, organizaciones civiles ni usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ciudadanos Observando recordó que el Congreso ya aprobó la reforma constitucional que elimina la CEGAIP y transfiere sus funciones a instancias del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de cada institución pública.
Ahora, con las leyes secundarias, advierten que si una dependencia niega información, la ciudadanía tendría que presentar su inconformidad ante esa misma autoridad para que ella misma determine si actuó correctamente. «Quienes ocultan la información serían también quienes resolverían las inconformidades en su contra», señaló la organización, al considerar que el nuevo modelo elimina uno de los principales contrapesos en materia de transparencia y abre la puerta a una mayor opacidad.
La organización también rechazó la propuesta de crear el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG) como un organismo desconcentrado de la Contraloría General del Estado.
A su juicio, el instituto no tendría independencia, ya que dependería directamente del Poder Ejecutivo y su titular sería nombrado por el gobernador del estado.
Además, advirtió otros cambios que considera preocupantes:
El plazo para responder solicitudes de información aumentaría de 10 a 15 días hábiles.
Las obligaciones de transparencia podrían actualizarse cada tres meses, en lugar de hacerlo mensualmente.
No existe claridad sobre las sanciones para funcionarios o instituciones que incumplan con la entrega de información pública.
Ciudadanos Observando también reprochó que los diputados prometieron escuchar a especialistas antes de elaborar las nuevas leyes, pero afirmó que el proceso ha sido una simulación, similar a lo ocurrido con la llamada «Ley Serrano».
Por ello, hizo un llamado al Congreso para corregir las iniciativas antes de aprobarlas y abrir una discusión pública con organizaciones civiles, expertos y ciudadanos que utilizan las herramientas de transparencia para vigilar el uso de los recursos públicos.
Las críticas llegan mientras el Congreso prepara la legislación secundaria que hará efectiva la desaparición de la CEGAIP. Una vez que la reforma constitucional sea avalada por la mayoría de los ayuntamientos y publicada en el Periódico Oficial del Estado, los diputados tendrán hasta 120 días para expedir las nuevas leyes que definirán cómo funcionará el nuevo sistema de transparencia en San Luis Potosí.
