Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó su último recurso y ratificó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) debe ser auditada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la institución encabezada por Alejandro Zermeño Guerra insiste en negarse a rendir cuentas sobre más de 670 millones de pesos en recursos autogenerados.
El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que el IFSE iniciará expedientes en contra del rector, la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez —quien habría encabezado la resistencia jurídica— y otros funcionarios, para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) imponga sanciones que podrían ir desde multas económicas hasta inhabilitaciones. “Han actuado como si fueran dueños del dinero público. La Corte fue clara: la Universidad es un ente público descentralizado, pertenece al gobierno del Estado y debe ser auditada”, sentenció Lecourtois.
La SCJN rechazó de manera definitiva la Controversia Constitucional 178/2025, con lo que quedó firme que la UASLP no es un órgano constitucional autónomo, sino una entidad pública descentralizada que recibe más de 600 millones de pesos de dinero estatal, por lo que debe transparentar el uso de sus recursos.
Desde 2023, la Universidad ha perdido amparos, juicios de nulidad y controversias constitucionales, todos con el mismo resultado: la obligación de abrir sus cuentas a la fiscalización externa. Aun así, las autoridades universitarias “seguirán negándose, aunque tengan el agua hasta el cuello”, advirtió el auditor.
El Congreso del Estado respaldó la resolución de la Corte. El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia, recordó que “todas las entidades públicas, incluidos los órganos descentralizados como la UASLP, están obligados a rendir cuentas”.
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