La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada este jueves por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados plantea sanciones penales para quienes realicen cualquier tipo de operación con vapeadores.
El nuevo artículo 282 Quater de la Ley General de Salud prohíbe transportar, almacenar, distribuir, vender, poseer o conservar cigarrillos electrónicos. La violación a esta norma podría implicar penas que van de uno a ocho años de cárcel.
Durante la discusión, el diputado morenista Fernando Castro Trenti afirmó que la iniciativa no busca criminalizar a los usuarios, como señalan los críticos, sino frenar el “mercado negro” de estos dispositivos por los riesgos que representan para la salud.
En contraste, la legisladora Iraís Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, cuestionó el alcance de la reforma. “¿Vamos a convertir en criminales a las personas por tener un vapeador? ¿Por qué imponer castigos más altos que por delitos como lesiones, portación de armas sin licencia o robo? Necesitamos regulación inteligente, no una prohibición medieval”, señaló.
Opositores de la medida advierten que la prohibición solo fortalecerá al mercado ilegal y dejará la distribución en manos de grupos criminales, lo que podría aumentar la exposición de menores de edad a estos productos.