El Juzgado Octavo de Distrito dio un golpe de autoridad al Concejo Municipal de Villa de Pozos al resolver que su Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 fue aprobado de manera irregular, sin realizar una consulta efectiva, accesible e informada con las personas con discapacidad, tal como exige la ley.
La sentencia —emitida el pasado 3 de octubre dentro del amparo 435/2025— reconoce que el Concejo vulneró los derechos a la participación y la igualdad de este grupo poblacional, violando tanto la Constitución mexicana como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, la autoridad federal ordenó reponer el procedimiento de consulta y modificar el Plan Municipal de Desarrollo conforme a los resultados que surjan de una nueva consulta incluyente.
El fallo judicial establece que la planeación pública no puede ser impuesta desde los escritorios municipales, sino construida junto con la ciudadanía, garantizando que las voces históricamente excluidas sean escuchadas. “La planeación pública debe realizarse con la gente y para la gente, garantizando que todas las voces sean escuchadas y respetadas”, señaló Luis González Lozano, asesor jurídico de las personas que promovieron el amparo.
La resolución del Juzgado no sólo corrige una omisión municipal: obliga a los gobiernos locales a dejar de simular la participación ciudadana y a cumplir los estándares internacionales establecidos en el Acuerdo de Escazú y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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