Porque al parecer ya no basta con que los estados se peleen por el presupuesto, las obras o el agua; ahora también discuten por quién pone los muertos. Y como el tema ya se puso incómodo —y bastante—, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, sugirió que la Fiscalía General de la República (FGR) entre a la cancha y actúe como árbitro antes de que esto termine en una tragicomedia diplomática.
Según él, sería “sano y conveniente”, una especie de terapia federal para calmar los ánimos y “disipar versiones encontradas” y salir del territorio diplomático del “yo no fui, fue Teté”, versión gubernamental.
La propuesta surgió después de que el gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, acusara a corporaciones zacatecanas de mover los cuerpos “para que no les cuenten sus muertos”. Y por si quedaba alguna duda de su postura, Gallardo lanzó una pregunta que sonó más a sketch que a pronunciamiento oficial: “¿Fueron en Zacatecas, los mandan para acá y luego los regresan o cómo?”.
Reyes Mugüerza respondió que el comentario era “inexacto”, y aunque evitó meterse al ring directo, dejó claro que Zacatecas no oculta cifras ni maneja estadísticas “por paquete”. De hecho, el secretario recordó que su estado asegura haber reducido los homicidios “en un 70%”, cifra que, según él, se reporta “sin trucos y sin importar la procedencia de las víctimas”.
Desde el lado potosino, la fiscal del estado, Manuela García Cázares, buscó bajar el tono del cruce de declaraciones. Al preguntarle si la FGR debería atraer el caso, respondió: “Por supuesto, nosotros siempre hemos sido colaboradores en esos temas.”
Pero más allá de la cortesía institucional, dejó claro que la Fiscalía no tiene certeza de que los hechos hayan ocurrido en Santo Domingo, aunque sí confirma que los cuerpos fueron localizados ahí tras una llamada al 911.
“El hecho… los siete cadáveres ocurrieron, fueron localizados. Pero que haya sido en Santo Domingo, no tenemos la certeza”, puntualizó.
También recordó que únicamente dos víctimas han sido identificadas, una con ficha en Zacatecas y otra sin cédula de búsqueda. Las otras cinco siguen sin nombre y sin origen confirmado.
¿Y entonces quién tiene razón?
Gallardo por su parte asegura que “no existe manera” de vincular los homicidios con San Luis Potosí y que noviembre cerró con nueve homicidios, cifra que calificó como “histórica” para el estado. Incluso comparó su récord con otros puntos del país donde, según dijo, hay reportes de “siete, cinco, diez o veinte por paquete”. Zacatecas, en respuesta, pidió que no se hagan inferencias “basadas solo en cédulas de búsqueda”, subrayó que mover cadáveres ya es delito y que su fiscalía tiene “pruebas contundentes” sobre los detenidos, al menos en el traslado de los cuerpos.
Por ahora, lo único claro es que la carpeta sigue abierta, que cada quien defiende su versión… y que el caso avanza entre declaraciones, sospechas y un “a ver si la federación nos hace el paro”. Porque si algo deja claro este episodio es que la verdad, por ahora, sigue atorada en la frontera.