La confrontación entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) subió de tono este lunes. El diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, anunció que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el rector Alejandro Zermeño Guerra, a quien acusa de incurrir en actos de discriminación.
Esto luego de que el rector descalificara sus críticas señalando que el legislador no es egresado de la UASLP ni originario de San Luis Potosí, declaraciones que, según Serrano, cruzaron la línea. “El rector se extralimitó, perdió los cabales”, lanzó el diputado, quien aseguró que se trata de la primera vez que enfrenta una situación de este tipo.
Serrano dejó claro que su queja será a título personal, al considerar que hubo una vulneración a sus derechos. “No se necesita ser egresado ni ser potosino para exigir rendición de cuentas”, afirmó, insistiendo en que su postura se centra en la transparencia del uso de recursos públicos en la universidad.
El conflicto no es nuevo. Surge en medio de la discusión por la reforma al artículo 127 constitucional, que establece un tope a las pensiones pagadas con recursos públicos. Desde el Congreso local se ha planteado que este criterio también podría aplicarse a la UASLP, lo que ha sido rechazado por el rector, quien defiende que el sistema universitario ya cuenta con ajustes y es legal. Sin embargo, Serrano acusó que la universidad no ha transparentado completamente la información. “Que nos diga cuáles son los salarios del rector y de los exrectores”, exigió.
El legislador también cuestionó el argumento del rector sobre la no retroactividad de la reforma, señalando que requiere mayor sustento jurídico para no afectar derechos. Todo esto ocurre mientras el Congreso analiza armonizar la reforma de pensiones a nivel estatal, lo que podría incluir a organismos como la UASLP dentro de nuevos límites al gasto en jubilaciones. La universidad sostiene que su sistema de pensiones ya tiene topes y ha sido reformado, pero desde el Poder Legislativo insisten en revisar su impacto real en el erario.
